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La Empresa Inmobiliaria del Comercio Interior de La Habana anunció en su web el inicio de un proceso de licitación para locales estatales, un mecanismo que el gobierno presenta como una vía para "garantizar transparencia y participación" en la gestión del comercio.
Sin embargo, la medida se produce en un contexto en el que las propias autoridades han reconocido que el Estado es incapaz de sostener y revitalizar su vasta red de establecimientos, hoy deteriorados, inactivos o incapaces de prestar servicios elementales.
El proceso estará abierto durante solo diez días hábiles, hasta el 28 de noviembre, y exige a los oferentes entregar proyectos completos y sellados en la oficina central, ubicada en el municipio Plaza de la Revolución, o en sedes territoriales de Marianao, La Lisa y Cotorro.
Los aspirantes deberán presentar datos personales, presupuesto, nombre del proyecto y una propuesta de obra en caso de remodelación o inversiones que impliquen transformaciones del inmueble.
Las bases, conocidas como pliegos de concurrencia, solo podrán consultarse físicamente en esas oficinas, otro reflejo de la burocracia que caracteriza los procesos estatales y que, lejos de facilitar la participación, termina desincentivándola.
Detrás del lenguaje administrativo, el llamado a licitación incluye un largo listado de locales que el Estado ya no puede operar.
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Entre ellos aparecen pequeñas unidades como la minúscula Los Veteranos, en Marianao, de poco más de cinco metros cuadrados, y otras de mayor tamaño, como la cafetería Siboney, en el Cotorro, con más de 215 metros cuadrados.
También figuran establecimientos antes destinados a actividades básicas de la vida pública -carnicerías, cafeterías, autoservicios, tabernas- todos transferidos ahora a un mercado de sobrevivencia en el que la administración estatal busca desprenderse de responsabilidades sin asumir el fracaso de décadas de mala gestión.
Privatización silenciosa y obligada
La licitación actual no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia en la que el Estado cubano, lejos de transparentar su colapso económico, traslada la operación de locales públicos a manos privadas bajo contratos temporales, sin garantías estables, en un mercado que apenas promete recuperar la inversión.
En junio de este año, la Empresa de Gestión del Patrimonio S.A., vinculada a la Oficina del Historiador de La Habana, ofreció espacios del Malecón como "oportunidad única" para emprendedores.
La convocatoria fue recibida con escepticismo generalizado, entre acusaciones de improvisación, abandono urbanístico y sospechas de que los privados estarían siendo usados como fuerza de mantenimiento gratuita, mientras el Estado se desentiende de sus deberes.
Ese descontento no surgió al azar.
Desde que la Oficina del Historiador perdió su autonomía económica y pasó a depender de GAESA -un conglomerado militar que concentra entre el 40 % y el 70 % de la economía vinculada a divisas, sin capacidad de auditoría pública- desapareció el modelo de desarrollo urbano que tributaba a la rehabilitación del Centro Histórico.
Con menos recursos destinados a conservación e infraestructura, la ciudad se deteriora, mientras los emprendimientos privados son llamados a sostenerla en condiciones desfavorables y con escasas certezas legales.
El Estado admite lo que no puede hacer
Las licitaciones han recorrido varias instituciones estatales: desde la EGREM en Santiago de Cuba hasta espacios gastronómicos del aeropuerto internacional Antonio Maceo.
A ello se suman los 300 establecimientos del sistema de gastronomía estatal que fueron anunciados para licitación en 2022.
En ese momento, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció públicamente lo que hoy se confirma con cada nueva convocatoria: el Estado no puede gestionar su propio comercio, y las unidades que operan con mayor autonomía o concesiones rinden mejor.
Mientras el gobierno lo presenta como un "cambio necesario", la realidad es más cruda: el deterioro de los servicios públicos ha obligado al Estado a ceder espacios que ya no puede asumir, dejando en manos de los privados el deber de sostener lo que él mismo destruyó.
En lugar de una política integral de desarrollo urbano y comercial, lo que emerge es una privatización fragmentada, improvisada y con escasas garantías, donde la supervivencia económica se convierte en responsabilidad de los ciudadanos.
El nuevo proceso de licitación en La Habana se inscribe en ese escenario de urgencia y renuncia disfrazado de oportunidad.
Para quienes aspiren a gestionar los locales, la pregunta no será únicamente cuánto invertir, sino cuánto riesgo están dispuestos a asumir en una economía donde el Estado se ha reservado el derecho de fallar, y el ciudadano, la obligación de reparar lo que ya no funciona.
Preguntas frecuentes sobre la privatización de locales en Cuba
¿Por qué el gobierno cubano está licitando locales estatales?
El gobierno cubano está licitando locales estatales debido a la incapacidad del Estado para sostener y revitalizar su vasta red de establecimientos, que se encuentran deteriorados e inactivos. Esta medida se presenta como una forma de "garantizar transparencia y participación" en la gestión del comercio, aunque en realidad refleja el colapso económico estatal y la necesidad de trasladar responsabilidades a manos privadas.
¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes para participar en la licitación de locales en La Habana?
Los aspirantes deben presentar una serie de documentos, que incluyen datos personales, presupuesto, nombre del proyecto y una propuesta de obra en caso de remodelación. Los proyectos completos y sellados deben entregarse en la oficina central de la Empresa Inmobiliaria del Comercio Interior, o en las sedes territoriales de Marianao, La Lisa y Cotorro, antes del 28 de noviembre.
¿Cómo afecta la privatización de locales al comercio minorista en Cuba?
La privatización de locales representa un cambio significativo en el comercio minorista en Cuba, donde por primera vez desde los años 60, el sector privado supera al estatal en ventas minoristas. Esto refleja una tendencia hacia la descentralización, aunque la falta de garantías estables y el escepticismo sobre el proceso de licitación plantean desafíos para los emprendedores.
¿Cuáles son las críticas hacia el proceso de licitación de locales estatales en Cuba?
El proceso de licitación ha sido criticado por su falta de transparencia y por las limitaciones burocráticas que desincentivan la participación. Existe un escepticismo generalizado sobre si los emprendedores están siendo utilizados como una fuerza de mantenimiento gratuita, mientras el Estado elude sus responsabilidades de gestión y mantenimiento.
¿Qué implica la licitación de locales para los emprendedores cubanos?
Para los emprendedores cubanos, la licitación de locales estatales representa una oportunidad de negocio, pero también un alto riesgo. Los emprendedores deben estar preparados para invertir en condiciones desfavorables y con escasas certezas legales, en un entorno económico donde el Estado mantiene el poder de decisión sobre el futuro de estas concesiones.
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