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La administración de Donald Trump ha lanzado una nueva ofensiva contra lo que considera censura de la libertad de expresión en Estados Unidos. Esta vez, el blanco son los solicitantes de visas H-1B, especialmente aquellos que han trabajado en moderación de contenido, verificación de datos o funciones relacionadas con la seguridad y confianza digital en plataformas tecnológicas.
Un memorando interno del Departamento de Estado, difundido a las misiones diplomáticas estadounidenses a inicios de este mes -y dado a conocer en exclusiva por la agencia Reuters- instruye a los funcionarios consulares a revisar detalladamente los historiales laborales, currículos y perfiles en redes como LinkedIn de los solicitantes y sus familiares, para detectar posibles vínculos con actividades que se consideren censura.
Según la directiva, si se descubre evidencia de que un solicitante "fue responsable o cómplice de censura o intento de censura de una expresión protegida en Estados Unidos", debe emitirse un dictamen de inelegibilidad de visa conforme a un artículo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
¿Quiénes están en la mira?
Aunque el cable asegura que todos los solicitantes de visa están sujetos a este escrutinio, hace énfasis en el caso particular de las visas H-1B, dado que sus titulares "frecuentemente trabajan en el sector tecnológico, incluso en redes sociales o empresas de servicios financieros involucradas en la supresión de la expresión protegida".
En concreto, se solicita investigar a fondo si los solicitantes han participado en actividades como:
-Verificación de hechos (fact-checking).
-Moderación de contenido.
-Prevención de desinformación o narrativas falsas.
-Cumplimiento de normas comunitarias digitales.
-Trabajo en departamentos de confianza y seguridad (T&S).
El objetivo, según la administración, es evitar que trabajadores extranjeros entren a Estados Unidos para “amordazar a los estadounidenses”.
"No apoyamos que extranjeros vengan a Estados Unidos a trabajar como censores y amordazar a los estadounidenses", declaró un portavoz del Departamento de Estado, aunque se negó a confirmar el documento filtrado.
“En el pasado, el propio presidente fue víctima de este tipo de abuso cuando las empresas de redes sociales bloquearon sus cuentas. No quiere que otros estadounidenses sufran de esta manera”.
El trasfondo ideológico: La cruzada contra la “censura”
Esta política se inscribe en una ofensiva discursiva de Trump y sus aliados contra lo que perciben como una supresión sistemática de voces conservadoras en plataformas tecnológicas.
Tras ser vetado en Twitter y Facebook por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el expresidente ha insistido en que las grandes empresas tecnológicas ejercen censura ideológica.
Durante la campaña presidencial y en eventos conjuntos con Elon Musk, Trump ha presentado la defensa de la libertad de expresión como una de sus banderas.
En mayo, su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos podría restringir visas a “funcionarios extranjeros y personas cómplices de la censura de estadounidenses”.
Además, el nuevo enfoque no se limita a bloquear perfiles de redes sociales.
El Departamento de Estado también ha reforzado el control sobre la actividad digital de los solicitantes, exigiendo que configuren como públicas sus cuentas en redes para que puedan ser revisadas por funcionarios consulares.
Críticas desde el ámbito legal y tecnológico
Voces expertas en libertad de expresión y derechos digitales han reaccionado con alarma ante la medida.
Carrie DeCell, abogada sénior del Instituto Knight de la Primera Enmienda, denunció que “quienes estudian la desinformación y trabajan en equipos de moderación de contenido no participan en la 'censura'; participan en actividades que la Primera Enmienda fue diseñada para proteger”.
Según DeCell, esta política es “incoherente e inconstitucional”.
Desde el mundo tecnológico también hay preocupación.
Alice Goguen Hunsberger, quien ha liderado equipos de confianza y seguridad en empresas como OpenAI y Grindr, declaró:
“Me alarma que el trabajo en materia de confianza y seguridad se esté confundiendo con la 'censura'”.
Hunsberger recordó que estos departamentos se enfocan en proteger a menores de material de abuso sexual infantil (MASI), prevenir fraudes, estafas y sextorsión, y hacer de internet un espacio más seguro.
Para ello, dijo, es fundamental contar con profesionales de diversos países que comprendan múltiples idiomas y contextos culturales.
Una tensión entre libertades y fronteras
El enfoque del gobierno Trump genera una paradoja: mientras afirma defender la libertad de expresión, pone en la mira precisamente a quienes trabajan -dentro del marco legal- para frenar abusos y contenidos ilegales en línea.
Y lo hace aplicando un filtro migratorio con criterios ideológicos y laborales que, según expertos, podría tener consecuencias discriminatorias e incluso anticonstitucionales.
Esta política, además, podría impactar significativamente al sector tecnológico estadounidense, altamente dependiente del talento internacional.
Las visas H-1B son claves para empresas que contratan personal calificado en campos como ingeniería de software, ciberseguridad o inteligencia artificial.
Muchos de esos trabajadores han ocupado o aspiraban a ocupar roles en moderación de contenido y confianza digital, justamente las funciones ahora estigmatizadas.
Paradójicamente, Trump se mostró defensor del programa H-1B en recientes entrevistas.
En una conversación con Laura Ingraham, cuando ella cuestionó el ingreso masivo de trabajadores extranjeros, el expresidente respondió: “También hay que traer talento”.
Y días después reafirmó ante empresarios que Estados Unidos necesita inmigrantes calificados para capacitar a trabajadores nacionales en fábricas de alta tecnología.
¿Un nuevo frente en la guerra cultural?
Esta medida, más allá de sus implicaciones migratorias, puede leerse como un nuevo frente en la guerra cultural que libra Trump contra el establishment tecnológico.
Al equiparar verificación de hechos con censura y tratar a los moderadores como amenazas, su gobierno plantea una visión del discurso digital en la que el control del contenido se presenta como una agresión ideológica más que como una herramienta de regulación necesaria.
A medida que avanza su campaña presidencial, este tipo de iniciativas envía una señal clara: quienes trabajen para contener la desinformación -en nombre de la seguridad o la ética informativa- podrían ser penalizados por ello.
Y para los extranjeros que aspiren a trabajar en Estados Unidos en estos campos, el mensaje es contundente: cuidado con lo que hiciste antes, o podrías quedarte fuera.
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