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La Administración Trump anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dirigidas a los llamados “narcosobrinos” de la primera dama Cilia Flores y varias empresas petroleras internacionales vinculadas a supuestas operaciones de contrabando de crudo venezolano.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a tres sobrinos de la esposa de Maduro —Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores— además de un empresario panameño y seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano hacia Asia y otras regiones.
“Nicolás Maduro y sus criminales asociados están inundando a Estados Unidos con drogas que envenenan a nuestro pueblo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos responsabilizando al régimen y a su círculo de cómplices por sus continuos crímenes”, expresa el comunicado.
Campo y Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, fueron arrestados en Haití en 2015 y condenados en Estados Unidos por narcotráfico, pero fueron indultados en 2022.
De acuerdo con el informe, ambos retomaron sus operaciones de tráfico de drogas tras regresar a Venezuela.
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El tercer sobrino sancionado, Carlos Erik Malpica Flores, fue tesorero nacional de Venezuela y vicepresidente de PDVSA.
Había sido retirado de la lista de sancionados en 2022, pero fue redesignado por su participación activa en el aparato económico del régimen.
OFAC también sancionó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, acusado de colaborar con la familia Maduro-Flores en contratos petroleros y de transporte marítimo.
El comunicado detalla que Carretero facilitó la exportación de crudo venezolano mediante empresas pantalla y buques registrados en terceros países.
Seis compañías marítimas fueron incluidas en la lista de sanciones por participar en la evasión de restricciones del sector petrolero venezolano:
- Myra Marine Limited (Islas Marshall), propietaria del buque White Crane.
- Arctic Voyager Incorporated (Islas Marshall), dueña del buque Kiara M.
- Poweroy Investment Limited (Islas Vírgenes Británicas), operadora del buque H. Constance.
- Ready Great Limited (Islas Marshall), propietaria del buque Lattafa.
- Sino Marine Services Limited (Reino Unido), gestora del buque Tamia.
- Full Happy Limited (Islas Marshall), operadora del buque Monique.
Todos los activos de estas entidades en Estados Unidos fueron bloqueados por OFAC y las empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas.
Las sanciones buscan cortar el flujo financiero que sostiene al “régimen ilegítimo de Maduro”, según la nota oficial.
Washington acusa al gobierno venezolano de usar el petróleo como fuente de financiamiento para redes de narcotráfico, corrupción y represión interna.
El Tesoro recordó que PDVSA fue bloqueada en 2019 bajo la orden ejecutiva 13850 y que, desde entonces, el gobierno estadounidense ha sancionado a más de 200 individuos y entidades vinculadas al chavismo.
“El objetivo de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento. Maduro debe elegir entre continuar su camino criminal o devolver la democracia al pueblo venezolano”, añadió Bessent.
La nueva ofensiva contra Caracas también afecta a Cuba, uno de los principales aliados del régimen venezolano.
Expertos señalan que la reducción del suministro de petróleo subvencionado podría agravar la crisis energética cubana y debilitar los acuerdos bilaterales entre La Habana y Caracas.
Mientras tanto, Rusia y China han criticado la decisión de Washington, calificándola como “una injerencia ilegal en los asuntos internos de Venezuela”.
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