El cerco judicial contra el chavismo se estrecha. La nueva acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro extiende el alcance de la investigación al núcleo más cercano del régimen: Diosdado Cabello, histórico “número dos” del chavismo y uno de los hombres más poderosos de Venezuela, y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, hijo del derrocado gobernante.
Ambos son señalados de participar en una red de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero que habría operado durante años con apoyo de altos mandos militares y civiles, acorde a reportes de la agencia EFE.
Cabello, de 62 años, ha sido vicepresidente de Hugo Chávez, ministro del Interior, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y figura clave del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Desde hace más de una década, agencias estadounidenses lo vinculan al llamado “Cártel de los Soles”, una organización integrada por oficiales del Ejército venezolano que habría traficado toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. lo sancionó en 2018 por corrupción y narcotráfico, y en 2020 fue formalmente acusado de narcoterrorismo junto a Maduro.
En 2025, Washington elevó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, consolidando su estatus como uno de los fugitivos más buscados del continente. Cabello, por su parte, ha negado las acusaciones, calificándolas de “ataques imperiales” contra la revolución bolivariana.
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La inclusión de “Nicolasito” Maduro Guerra, de 33 años, marca un nuevo nivel en la ofensiva judicial. Aunque hasta ahora había ocupado cargos simbólicos dentro del régimen —como diputado constituyente y jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia—, su nombre figura por primera vez en una causa internacional.
Los fiscales lo acusan de participar en operaciones de lavado de dinero y protección de estructuras de narcotráfico asociadas a altos funcionarios chavistas.
El golpe judicial también alcanza al entorno de Cilia Flores, esposa de Maduro. Dos de sus sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron condenados en Nueva York en 2017 a 18 años de prisión por intentar traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, utilizando su parentesco con la pareja presidencial para facilitar los envíos.
Con estas imputaciones, Washington coloca bajo la lupa al círculo íntimo de Maduro, reforzando su tesis de que el chavismo operó como un “Estado narco” durante más de una década.
La caída de Maduro y las nuevas acusaciones marcan un punto de no retorno: el fin del mito de impunidad que protegió a la élite dictatorial venezolana, ahora enfrentada a la justicia estadounidense.
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