El Banco Metropolitano de Cuba informó este viernes la habilitación de canales bancarios para que micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y otros actores económicos no estatales soliciten la compra de divisas, conforme a las resoluciones 127 y 128 de 2025 del Banco Central de Cuba (BCC).
La medida, presentada por la prensa oficial como parte de la “implementación de las transformaciones del mercado cambiario”, amplía formalmente el acceso a divisas dentro del sector privado. Sin embargo, lo hace bajo un esquema totalmente controlado por el Estado, que mantiene la potestad de decidir quién puede comprar moneda extranjera, cuánto y con qué frecuencia.
Según la información difundida por el Noticiero Nacional de Televisión (NTV), las operaciones deberán realizarse de manera bancarizada. Los pagos se efectuarán en pesos cubanos desde la cuenta fiscal del solicitante, y los montos adquiridos se acreditarán en la cuenta en divisas del actor económico.
Antes de ejecutar cada operación, los bancos deberán verificar la identidad del cliente, la legalidad de las cuentas involucradas y la trazabilidad de los fondos, de acuerdo con los protocolos de control establecidos por el BCC.
El Banco Metropolitano precisó que la venta de divisas solo se realizará una vez al mes y bajo límites estrictos. El monto máximo permitido se calculará como el 50 % del promedio de ingresos en la cuenta fiscal durante los últimos tres meses, dividido entre la tasa de cambio del Segmento III, la llamada “tasa flotante” del sistema cambiario oficial.
Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por la plataforma digital Metropolitano en Línea. El banco, además, podrá rechazar o posponer operaciones en función de “disponibilidades” o “prioridades económicas”, una fórmula que deja la decisión final en manos del aparato estatal.
Límites y cálculos: Un acceso simbólico a la divisa
Aunque el Banco Central ha presentado la medida como un paso hacia la “normalización” del mercado cambiario, el mecanismo diseñado para las Mipymes y otros actores no estatales revela un acceso extremadamente limitado.
El propio Banco Metropolitano precisó que la venta de divisas solo se realizará una vez al mes y bajo un tope máximo calculado a partir de una fórmula establecida por el Banco Central: el 50 % del promedio de ingresos en la cuenta fiscal durante los últimos tres meses, dividido entre la tasa de cambio del Segmento III, conocida como la “tasa flotante”.
De acuerdo con los valores oficiales anunciados por el BCC, este 13 de enero de 2026 la tasa flotante es de 413 pesos cubanos por dólar y 482.22 por euro.
Para ilustrar cómo funciona este sistema, supongamos que una Mipyme privada registró ingresos promedio de 300,000 CUP en los últimos tres meses. El cálculo del monto máximo permitido sería el siguiente:
- 50 % de 300,000 CUP = 150,000 CUP
- 150,000 ÷ 413 = aproximadamente 363 dólares
En el caso del euro, la cifra sería aún menor:
- 150,000 ÷ 482.22 = unos 311 euros
En ambos casos, la empresa solo podría acceder, como máximo, a entre 300 y 400 dólares o euros al mes, siempre que el banco apruebe la solicitud y existan fondos disponibles.
El ejemplo ilustra el carácter simbólico del acceso: incluso negocios con ingresos medios o altos en moneda nacional obtendrán montos que apenas alcanzan para operaciones menores, sin posibilidad real de financiar importaciones o pagos a proveedores internacionales.
Lejos de estimular la productividad o la autonomía del sector privado, el modelo impone un techo artificial que subordina el flujo de divisas a la discrecionalidad del aparato estatal.
En la práctica, el esquema parece orientado a captar liquidez en pesos y canalizar las operaciones bajo control bancario, más que a fomentar el crecimiento de las empresas no estatales.
Un sistema administrado, no un mercado
Aunque las resoluciones 127 y 128 aluden a un “nuevo diseño del mercado cambiario”, lo que se ha establecido en la práctica es un sistema administrado de asignación de divisas, inspirado en la figura de la Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD).
Este mecanismo otorga a los bancos estatales —y, por extensión, al gobierno— la facultad de autorizar o denegar cada compra, fijar montos máximos y aplicar márgenes comerciales adicionales.
El alcance de la medida no se limita a las Mipymes. Según la normativa, podrán acceder también cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos con personalidad jurídica no estatal, siempre que cuenten con cuentas fiscales activas y cumplan los requisitos de control establecidos por el Banco Central.
En cambio, las empresas estatales, Mipymes de capital público o mixto y los proyectos agropecuarios estatales quedan expresamente excluidos de este esquema. Tampoco podrán participar personas naturales o negocios informales no registrados ante el Ministerio de Economía y Planificación (MEP).
Dolarización parcial y control financiero
La habilitación de estos canales ocurre pocas semanas después de la entrada en vigor del Decreto-Ley 113/2025, que consolidó una dolarización parcial institucionalizada de la economía cubana.
Ese cuerpo legal reconoció oficialmente un sistema multimoneda y derogó los fundamentos del fallido Ordenamiento Monetario de 2021, que había intentado sostener el peso cubano como única moneda de curso legal.
Con el nuevo modelo, el régimen no liberaliza el acceso a la divisa, sino que lo administra de manera centralizada, mediante bancos estatales y bajo supervisión directa del BCC.
En lugar de un mercado abierto, se establece una estructura de control financiero que segmenta a los actores económicos entre quienes pueden operar en divisas y quienes permanecen confinados al circuito del peso cubano.
Economistas consultados por CiberCuba señalan que esta segmentación profundiza la desigualdad y la concentración de oportunidades en un grupo reducido de empresas con vínculos favorables con el Estado o mayor capacidad de gestión bancaria.
En paralelo, el mercado informal del dólar —donde la tasa es muy superior a la oficial— seguirá marcando las dinámicas reales de precios y abastecimiento.
Con esta medida, el régimen busca recuperar parte del control perdido sobre las divisas que circulan en la economía, mientras intenta contener la depreciación del peso y las tensiones inflacionarias que golpean a la población.
Pero el resultado, advierten expertos, será un modelo aún más cerrado y desigual, donde el acceso a la moneda fuerte seguirá siendo un privilegio administrado desde el poder.
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