Prensa oficial reconoce que la bancarización funciona mal en Cuba

Cubadebate, uno de los principales medios oficialistas del régimen cubano, publicó un artículo de opinión en el que reconoce abiertamente que la política de bancarización impulsada por el gobierno ha fracasado en la práctica.

El texto, firmado por Oscar Figueredo Reinaldo y titulado "Bancarización en puntos suspensivos", describe con una crudeza inusual para la prensa estatal la brecha entre el discurso oficial sobre la digitalización de los pagos y lo que ocurre cada día en las calles cubanas.

Figueredo Reinaldo narra una escena que, según admite, ha vivido "más de una vez, en lugares distintos y con rostros diferentes": intenta pagar con el teléfono y se encuentra con respuestas que ya forman parte del paisaje cotidiano: "no hay sistema", "ahora mismo no pasa", "solo efectivo", o la más inquietante de todas, dicha casi en voz baja: "si es transferencia, es con recargo".

El periodista documenta un patrón que se repite en múltiples establecimientos: cafeterías sin conexión, tiendas con terminales de punto de venta inoperantes, servicios de transporte que piden efectivo "para evitar problemas", y negocios que cobran un recargo del 10% adicional por pagos electrónicos. "No es un detalle menor ni una excepción aislada", escribe. "Es una práctica que, aunque no siempre se reconoce abiertamente, se ha ido filtrando en la cotidianidad con una naturalidad preocupante."

Lo que hace especialmente significativo el artículo es su fuente: no proviene de un medio independiente ni de la oposición, sino del propio aparato mediático del régimen. Que sea Cubadebate quien publique esta descripción equivale a una confesión institucional del desastre que la propia política ha generado.

El gobierno cubano lanzó la bancarización en agosto de 2023 con un marco normativo ambicioso: la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba obligó a todos los actores económicos a aceptar pagos electrónicos; la Resolución 245/2023 del Ministerio de Finanzas exigió cuentas bancarias fiscales a personas naturales contribuyentes; y la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior reforzó la obligatoriedad de ofrecer canales digitales de pago. Para hacer cumplir las normas, el gobierno cerró 476 establecimientos en abril de 2024 tras más de 8,000 inspecciones, y otros 58 negocios en septiembre de ese mismo año.

Pese a las medidas coercitivas, la realidad no cambió. Los negocios privados rechazan las transferencias porque sus propios proveedores tampoco las aceptan, lo que los obliga a operar en efectivo. A esto se suman los apagones que inutilizan los terminales de pago, la falta de conectividad y el colapso de los cajeros automáticos. En algunas provincias, los recargos por transferencia llegaron a alcanzar hasta el 20%, cobrados a través de intermediarios que entregan efectivo a cambio de pagos digitales.

Figueredo Reinaldo lo reconoce sin rodeos: "El efectivo sigue siendo el rey indiscutible de la economía diaria", y admite que "la coherencia todavía no se percibe de manera sólida" entre lo que regula el marco normativo y lo que ocurre en la práctica. El resultado, escribe, es que "el ciudadano termina cargando efectivo 'por si acaso', aunque el discurso oficial le haya dicho durante meses que ya no debería depender de él".

El artículo de Cubadebate no es un hecho aislado. Apenas dos días antes, otro texto del mismo medio ya recogía cómo los negocios privados ven los pagos digitales como una ruina, y un locutor oficialista había descubierto públicamente el caos de los pagos digitales en Cuba. La prensa del régimen, en suma, está describiendo el fracaso de una política que el propio régimen diseñó, impuso y defendió durante casi tres años.

"La de un país que impulsa con fuerza la digitalización de los pagos, pero que en la vida diaria todavía depende, en gran medida, del papel moneda", concluye Figueredo Reinaldo. "La de una norma que avanza en el papel, pero que se diluye en la calle."