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A más de dos meses de su arresto en La Habana, la extradición de Martiño Ramos Soto, español condenado por abusar sexualmente de una menor en su país de origen, permanece estancada.
Pese a que el exprofesor gallego se encuentra bajo custodia en Cuba desde el pasado 21 de noviembre, aún no hay una fecha para su entrega a España ni información pública sobre el estado real del proceso.
Mientras tanto, crecen las sospechas sobre una posible falta de cooperación por parte de las autoridades cubanas para la extradición de quien es también exlíder de "En Marea", partido político de izquierdas en el ámbito gallego.
¿Trabas desde La Habana?
Según reveló el diario El ESPAÑOL, varias fuentes cercanas a la investigación sostienen que las autoridades cubanas estarían poniendo obstáculos a la tramitación de la extradición.
Estos obstáculos no se limitan a la ya conocida inexistencia de un tratado bilateral de extradición entre España y Cuba -que complica cualquier calendario- sino que se habrían traducido en exigencias formales adicionales, dilaciones en la interlocución y un uso restrictivo de la discrecionalidad estatal.
“No hay confirmación oficial de un 'no' a la entrega, pero sí una sucesión de trámites que, en la práctica, bloquean cualquier horizonte temporal”, indican las fuentes citadas.
Este aparente cambio de actitud contrasta con las primeras informaciones llegadas desde la isla, donde se hablaba de una supuesta disposición del Gobierno cubano a cooperar.
Ahora, en cambio, lo que impera es el silencio institucional y una serie de demoras que amenazan con enterrar el caso en burocracia diplomática.
El Gobierno español guarda silencio
Mientras crecen las preocupaciones por parte de la familia de la víctima y de representantes políticos, el Gobierno de España ha optado por una postura de opacidad.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, la única respuesta oficial ha sido que “la solicitud está tramitada por los canales oficiales”, sin especificar plazos, estado del expediente ni gestiones en curso.
Este hermetismo ha sido criticado por varios senadores del Partido Popular (PP) en la ciudad gallega de Ourense, quienes registraron preguntas parlamentarias para conocer qué acciones diplomáticas se estaban llevando a cabo y si había dificultades concretas con el gobierno cubano.
La contestación oficial, sin embargo, volvió a limitarse a una fórmula genérica: “La solicitud se ha tramitado por los canales oficiales”.
La falta de transparencia preocupa especialmente porque, como señala El Español, se trata de “un condenado por abusos sexuales a una menor, con prácticas de carácter sádico, que huyó para eludir el ingreso en prisión y cuya ejecución de condena depende ahora de una negociación diplomática de la que nadie rinde cuentas públicas”.
“No sabemos nada. No nos dicen si se ha acordado la repatriación, si hay avances o en qué punto está el proceso”, denunció el abogado de la víctima, que asegura que la parte perjudicada sigue sin recibir información actualizada sobre el expediente.
Un laberinto sin tratado
Uno de los principales escollos es la ausencia de un tratado bilateral de extradición entre España y Cuba, lo que obliga a gestionar el caso mediante mecanismos de cooperación judicial ad hoc.
En estos procedimientos sin tratado, el Estado requerido -en este caso Cuba- puede imponer condiciones adicionales, revisar si el delito encaja en su propio ordenamiento jurídico (principio de doble incriminación), valorar la proporcionalidad de la pena y condicionar la entrega a garantías específicas.
Todo ello, aunque se ajuste a derecho, abre la puerta a dilaciones indefinidas.
Y aunque los delitos sexuales contra menores son considerados graves en ambos países, el amplio margen de discrecionalidad permite a Cuba ralentizar el procedimiento sin que esto implique una negativa formal.
La opacidad en torno al caso, tanto desde el lado cubano como del español, ha generado una creciente percepción de bloqueo y ha encendido las alarmas en sectores judiciales y políticos que temen que el condenado termine aprovechando las grietas legales para evitar la cárcel.
Una fuga que el sistema permitió
Ramos se marchó de España pocos días antes de que el Tribunal Supremo hiciera firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense.
Nadie pidió su ingreso en prisión provisional tras la condena en primera instancia. Esa ventana de libertad facilitó la fuga de un condenado por delitos sexuales graves.
La secuencia posterior -paso por varios países, asentamiento en Cuba, construcción de una identidad pública como fotógrafo y su integración en círculos culturales de La Habana- expuso varias fallas.
La más grave, la fragilidad del control sobre penados no firmes y la debilidad de los mecanismos de retorno cuando el prófugo se refugia en un país sin tratado de extradición.
Lejos de esconderse, y como publicó en exclusiva previamente El Español, Ramos llegó a exhibir una vida normalizada en redes sociales bajo un alias.
Alquiló vivienda, frecuentó ambientes culturales y, según fuentes policiales, intentó regularizar su situación mediante un matrimonio de conveniencia, lo que terminó precipitando su arresto el 21 de noviembre.
Desde entonces, el caso quedó atrapado en un procedimiento que depende de la cooperación política y judicial entre dos Estados con marcos distintos.
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