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Cientos de niños migrantes permanecen retenidos junto a sus padres en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas, en medio de denuncias sobre las condiciones de encierro y el impacto en su salud física y mental.
Un amplio reportaje de la agencia Associated Press (AP) recoge los testimonios de varias familias que describen iluminación permanente en los dormitorios, alimentos en mal estado, atención médica limitada y estancias que superan con creces las tres semanas que, según acuerdos judiciales vigentes, deberían marcar el límite para la detención de menores.
Andrea Armero, una colombiana que fue deportada en febrero junto a sus hijas, relató que su hija de 13 años experimentó un severo deterioro emocional tras casi dos meses en el centro.
La adolescente, que antes de la detención ya recibía tratamiento por ansiedad y depresión, dejó de comer después de encontrar un gusano en su comida. Según su madre, la menor entró en crisis y llegó a autolesionarse con un cuchillo plástico del comedor.
Documentos de alta del propio centro citados por AP mencionan antecedentes de trastorno por estrés postraumático, ansiedad y un intento de autolesión.
El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que se produjo un caso de autolesión dentro de la instalación, pero no ofreció detalles adicionales sobre la actuación del personal.
Otro testimonio recogido por la agencia es el de la venezolana Kheilin Valero Marcano, quien estuvo detenida con su esposo y su hija pequeña durante casi dos meses.
La madre afirmó que la niña presentó fiebre alta, vómitos y pérdida de peso, y que en repetidas visitas al área médica solo recibió analgésicos. Posteriormente fue trasladada a hospitales, donde, según la familia, le diagnosticaron COVID-19, bronquitis, neumonía y un virus estomacal.
Las autoridades migratorias rechazaron esa versión y aseguraron en un comunicado que la menor recibió atención adecuada en todo momento y fue remitida oportunamente a centros hospitalarios cuando fue necesario.
La empresa privada que administra el centro, bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, afirmó que ningún niño ha sido privado de tratamiento médico ni ha sufrido retrasos en evaluaciones clínicas.
De acuerdo con datos analizados por AP a partir de cifras del Proyecto de Datos de Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley, más de 3.800 niños fueron ingresados en centros de detención migratoria durante los primeros nueve meses del actual mandato del presidente Donald Trump.
En promedio, más de 220 menores permanecían bajo custodia cada día, y la mayoría de los que superaban las 24 horas eran enviados a Dilley.
Durante ese período, casi dos tercios de los menores detenidos fueron finalmente deportados y cerca de uno de cada diez abandonó el país junto a sus padres mediante salidas voluntarias.
Aproximadamente una cuarta parte fue liberada en Estados Unidos con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades mientras avanza su proceso migratorio.
Organizaciones que monitorean el sistema señalan que la población en Dilley ha aumentado de forma sostenida desde el otoño pasado y que el número de personas detenidas llegó a superar las 1.300 a finales de enero.
Abogados especializados en derechos de la niñez aseguran que han documentado decenas de casos de menores retenidos durante más de 100 días.
Las familias describen habitaciones compartidas por varias unidades familiares, con literas colocadas una junto a otra, escasa privacidad y tensiones constantes.
Según los testimonios recogidos por AP, las luces permanecen encendidas las 24 horas, lo que dificulta el descanso. Algunos padres afirman que el agua tiene mal sabor y que sus hijos han perdido peso o presentan erupciones cutáneas y dolores estomacales.
También se reportan afectaciones emocionales. Niños entrevistados por la agencia manifestaron confusión sobre las razones de su detención y preocupación por el futuro de sus familias. En algunos casos, relataron episodios de ansiedad, llanto frecuente y movimientos nerviosos involuntarios.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas defendieron las condiciones del centro.
En declaraciones enviadas a AP, sostuvieron que Dilley es una instalación diseñada específicamente para alojar a familias en un entorno seguro, con acceso a evaluaciones médicas, espacios recreativos y apoyo educativo.
Legisladores republicanos que han visitado el lugar señalaron que las críticas no reflejan la realidad observada durante sus recorridos. En contraste, especialistas en salud mental y abogados de organizaciones civiles consideran que la detención prolongada puede agravar traumas previos y generar nuevos daños psicológicos en menores.
El debate sobre la detención familiar se reaviva mientras continúan los procesos judiciales que regulan la permanencia de niños bajo custodia migratoria.
Para muchas de las familias liberadas en febrero, el regreso a sus comunidades implica retomar trabajos y escuelas bajo la incertidumbre de casos migratorios aún abiertos. Otras, como la familia de Armero, fueron deportadas y ahora intentan reconstruir su vida en sus países de origen.
Preguntas frecuentes sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos
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¿Cuáles son las condiciones denunciadas en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley?
Las condiciones en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley han sido denunciadas por familias migrantes que reportan iluminación permanente, alimentos en mal estado, atención médica limitada y estancias prolongadas. Estas condiciones han generado un impacto negativo en la salud física y mental de los niños detenidos.
¿Qué impacto tienen las condiciones de detención en la salud mental de los niños migrantes?
El impacto en la salud mental de los niños migrantes detenidos es significativo, ya que muchos experimentan ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático. Estos problemas se ven agravados por las condiciones de encierro, como la falta de privacidad, la iluminación constante y el deterioro del entorno físico.
¿Cómo responde el gobierno de Estados Unidos a las denuncias sobre centros de detención de ICE?
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, defiende las condiciones de los centros de detención alegando que son entornos seguros con acceso a evaluaciones médicas y apoyo educativo. Sin embargo, las denuncias de negligencia médica y condiciones inhumanas persisten.
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