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Ewald Nieves Manduley, comunicador con casi 23 años de trayectoria en el Sectorial Municipal de Cultura de Guáimaro, Camagüey, fue despedido a comienzos de marzo como represalia directa por una publicación que realizó en su perfil personal de Facebook, en la que cuestionaba la manipulación de la figura de José Martí por parte de Fidel Castro y la Revolución cubana.
El texto no tenía carácter institucional ni fue publicado desde canales oficiales, pero tocó un punto especialmente sensible para el régimen: la apropiación del ideario martiano como pilar de legitimidad histórica de la llamada "revolución". La respuesta fue inmediata y orquestada desde el nivel provincial.
Según la denuncia de Cubalex, el director provincial de Cultura en Camagüey, Kenny Ortigas Guerrero, se reunió primero en la sede del Partido Comunista de Cuba de Guáimaro con el Intendente Norge Suárez Tamayo, un oficial de la Seguridad del Estado identificado como Frank "El Niño", y otros funcionarios, para coordinar las acciones contra Nieves Manduley antes de proceder formalmente al despido.
El patrón no es nuevo. En marzo de 2026, otro caso similar sacudió a la opinión pública cuando expulsaron de la CUJAE a un profesor por publicaciones en Facebook, desatando una ola de reacciones que incluyó protestas estudiantiles y condenas de figuras públicas de la cultura cubana.
La represalia laboral por expresarse en redes sociales es una de las formas más extendidas de control político en Cuba. El Decreto-Ley 370 ha sido señalado por Human Rights Watch como un instrumento que cercena sistemáticamente la libertad de expresión en internet, al penalizar opiniones emitidas desde plataformas digitales personales.
Los antecedentes de este tipo de represalia se remontan al menos a 2021, cuando un profesor universitario fue expulsado por su postura ideológica expresada en Facebook, o cuando el actor cubano Edel Carrero perdió su empleo tras las protestas del 11J.
El contexto general de represión en Cuba es alarmante. Según el informe semestral de Cubalex sobre represión y derechos humanos, la organización registró más de 1.273 violaciones en el segundo semestre de 2025, lo que refleja una escalada sostenida de las acciones del Estado contra ciudadanos que se atreven a disentir.
El caso de Ewald Nieves Manduley ilustra cómo el régimen cubano utiliza el empleo estatal como herramienta de disciplinamiento político: quien opina fuera del guion oficial, aunque sea en su perfil personal, puede perder décadas de trabajo de un día para otro.
El régimen también ha condenado a ciudadanos por protestar durante los apagones, consolidando un patrón de criminalización de cualquier forma de protesta o disidencia pública.
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