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La reciente revelación de negociaciones secretas entre La Habana y la administración de Donald Trump ha vuelto a colocar a la familia Castro en el centro del poder en Cuba, desafiando la frágil narrativa oficial que pretende validar la figura de Miguel Díaz-Canel al frente de las conversaciones.
En medio de una crisis económica profunda, marcada por la escasez de combustible, el colapso productivo y el agravamiento de la situación humanitaria, los herederos del castrismo emergen como piezas clave en una estrategia que busca preservar el control político a toda costa, en medio de rumores sobre una supuesta transición civil a la democracia.
Aunque Díaz-Canel ostenta formalmente la presidencia, fue el propio gobernante quien confirmó que las conversaciones con Washington están siendo dirigidas por Raúl Castro, de 94 años, aún considerado el “líder histórico de la revolución”.
Este hecho evidencia que el poder real en Cuba continúa concentrado en la élite militar y familiar construida desde 1959, con el conglomerado GAESA como columna vertebral económica, según reporta este sábado el medio estadounidense The New York Times.
Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio ha alertado sobre la veracidad de las filtraciones a la prensa sobre estos contactos, al asegurar recientemente que “mucho de lo que se publica en los medios no es fiable” y subrayar que solo él y el presidente Trump conocen el contenido real y el alcance de las negociaciones en curso con el régimen cubano.
En este nuevo escenario, varios miembros de la familia han asumido roles visibles. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exmandatario, ha pasado de ser una figura discreta en círculos de poder a participar como intermediario en contactos con funcionarios estadounidenses. Su reciente aparición en la televisión estatal confirma un reposicionamiento calculado.
Por su parte, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl y figura histórica del aparato de inteligencia, también ha retomado protagonismo en las negociaciones. Su experiencia en el acercamiento con Estados Unidos durante la era Obama lo convierte en un operador clave en este momento de redefinición política.
Sin embargo, el rostro más llamativo de esta estrategia es Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, quien ha anunciado la posibilidad de que cubanos en el exilio inviertan en la isla. Esta medida, impensable durante décadas, apunta a una apertura económica controlada que busca oxígeno financiero sin ceder el poder político.
Algunos analistas ya plantean si Pérez-Oliva podría convertirse en una figura similar a Delcy Rodríguez en Venezuela: un rostro más pragmático, capaz de dialogar con Washington sin romper con la estructura del régimen. Su perfil técnico y su apellido —sin el peso directo de “Castro”— podrían hacerlo más aceptable en un eventual rediseño del poder.
No obstante, esta aparente renovación genera escepticismo. Lejos de representar una ruptura, muchos consideran que se trata de una adaptación del sistema: un tránsito desde una “oligarquía revolucionaria” hacia una “oligarquía capitalista”, donde las mismas élites conservan el control, ahora con mecanismos de mercado.
Para el pueblo cubano, golpeado por años de escasez y falta de libertades, el riesgo es claro: que los cambios económicos sirvan únicamente para perpetuar a la cúpula en el poder, sin una transformación real del sistema político.
Mientras tanto, desde Washington, la presión continúa para forzar reformas más profundas, en un pulso donde el futuro de la isla sigue en juego.
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