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El régimen cubano anunció el jueves el indulto de 2,010 presos presentado como un gesto humanitario en el contexto de la Semana Santa, pero organizaciones de derechos humanos denuncian que la medida responde a una necesidad financiera del Estado, no a clemencia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) publicó la declaración sin ofrecer una lista de beneficiarios ni un calendario claro de liberaciones, y excluyó explícitamente a quienes hayan cometido delitos contra la autoridad, lo que deja fuera a la gran mayoría de los presos políticos reconocidos.
Activistas y expertos en derechos humanos califican la medida como un drenaje de prisiones: una práctica recurrente por la cual el régimen libera reclusos comunes para aliviar el colapso del sistema penitenciario y reducir costos, sin abordar la situación de los detenidos por razones políticas.
Según datos de organizaciones independientes, había 1,214 presos políticos en Cuba a finales de febrero de 2026, cifra que evidencia la magnitud del problema que este indulto no toca.
Entre los casos que permanecen sin resolución se encuentra el de Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, arrestado tras las protestas de Morón, uno de los múltiples menores de edad que continúan detenidos por participar en manifestaciones.
Desde el ámbito político internacional, el congresista Carlos Giménez Giménez exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos y advirtió que el anuncio del régimen no es más que una distracción para desviar la atención de la comunidad internacional.
Este es el quinto indulto desde 2011 y el segundo en menos de un mes, lo que refuerza la tesis de que las liberaciones obedecen a una lógica de gestión de recursos y presión internacional, y no a un cambio real en la política de derechos humanos del gobierno cubano.
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