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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, volvió a recurrir a una fórmula tan cómoda como vacía para referirse a la tragedia cubana.
“Solo el pueblo hermano cubano puede decidir libremente su futuro”, escribió en sus redes sociales tras reunirse con sus homólogos de Brasil, México y Noruega para abordar la “crítica situación humanitaria” en la isla.
La frase, de gris tono diplomático, encierra sin embargo una profunda contradicción. Porque si algo define la realidad cubana desde hace más de seis décadas es precisamente la imposibilidad de que su pueblo decida libremente nada.
Hablar de libre decisión en una dictadura de partido único, sin elecciones competitivas, sin libertad de prensa y con cientos de presos políticos, no es prudencia diplomática: es una forma de evasión.
Y, en el caso de España, este lenguaje termina siendo también una forma implícita de complicidad.
La ficción de la “libre decisión”
El problema de fondo no es semántico, sino político. En Cuba no existen las condiciones mínimas para que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes, organizarse libremente o expresar disenso sin temor a represalias.
Las protestas del 11 de julio de 2021 dejaron claro el coste de alzar la voz: detenciones masivas, condenas desproporcionadas y una maquinaria represiva intacta, que mantiene en las cárceles a cientos de cubanos por los que España apenas ha levantado la voz, entre ellos artistas como Luis Manuel Otero Alcántara o el rapero ganador de un Grammy Latino, Maykel Osorbo.
En ese contexto, afirmar que “solo el pueblo cubano puede decidir su futuro” equivale a ignorar —o a encubrir— que ese pueblo está privado de los instrumentos básicos para hacerlo. Es trasladar una responsabilidad imposible a quienes carecen de libertad para ejercerla.
No es una frase neutral. Es una forma de blanquear la ausencia de libertades bajo una retórica aparentemente respetuosa.
España sabe perfectamente lo que ocurre
Lo más preocupante es que no se trata de ignorancia. España conoce de sobra la naturaleza del régimen cubano. No solo por su historia común, sino por décadas de relaciones diplomáticas, económicas y políticas al más alto nivel.
El propio Albares recibió recientemente en Madrid al canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla. No hay aquí falta de información, sino una decisión consciente de mantener un lenguaje calculadamente ambiguo, que evita cualquier confrontación real.
Es el mismo patrón que ha marcado la política española hacia Cuba durante años: reconocer de forma tímida las carencias democráticas, pero sin adoptar una posición clara que incomode al poder en La Habana.
El resultado es un discurso que, bajo la apariencia de equilibrio, termina siendo profundamente asimétrico: exigente en lo retórico, pero inofensivo en lo práctico.
El efecto real: prolongar el statu quo
¿Qué se consigue con este tipo de declaraciones? Desde luego, no mejorar la situación de los cubanos.
Este lenguaje contribuye a varios efectos concretos. Primero, legitima indirectamente al régimen, al tratarlo como un interlocutor normal en un contexto donde no hay normalidad política. Segundo, desactiva la posibilidad de una presión internacional más firme, al diluir las responsabilidades en formulaciones abstractas.
Y tercero, envía un mensaje devastador a la sociedad civil y a la disidencia: Europa, y en particular España, no está dispuesta a ir más allá de las palabras.
Mientras tanto, la realidad en la isla sigue deteriorándose. Crisis económica crónica, apagones, escasez de alimentos y medicinas, y una emigración masiva que vacía el país. Hablar de “decidir el futuro” en estas condiciones no solo resulta irónico; resulta cruel.
De la interlocución a la complacencia
La posición de Albares no es una anomalía, sino la continuidad de una línea histórica.
España ha optado durante décadas por una estrategia basada en la interlocución, el diálogo y la normalización, confiando en que la apertura económica y el contacto político generarían cambios graduales.
Pero esos cambios no han llegado.
Lo que sí ha habido son concesiones, mediaciones puntuales —como las excarcelaciones de 2010— y una creciente integración económica que ha beneficiado a empresas y al propio entramado estatal cubano.
Sin embargo, las estructuras de poder, el control político y la represión se han mantenido prácticamente intactos.
La política de “influencia desde dentro” ha terminado siendo, en la práctica, una política de adaptación al régimen.
El desalineamiento con Estados Unidos
Este enfoque se ha reforzado además por un constante desalineamiento con la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Mientras Washington —especialmente bajo administraciones más duras— ha apostado por aumentar la presión política y económica sobre el régimen, España y la Unión Europea han preferido actuar como contrapeso.
Ese papel se justifica en nombre del rechazo a las sanciones unilaterales o a la extraterritorialidad de leyes como la Helms-Burton. Pero en la práctica ha servido también para ofrecer a La Habana una vía de oxígeno político y económico.
No se trata de defender acríticamente la política estadounidense, sino de reconocer una evidencia: sin algún tipo de presión real, los regímenes autoritarios no tienen incentivos para cambiar. Y Europa, con España a la cabeza, ha renunciado sistemáticamente a ejercerla.
El resultado es una paradoja: mientras se condenan las violaciones de derechos humanos en discursos oficiales, se sostiene al mismo tiempo un marco de relaciones que no impone costes significativos al régimen por esas mismas violaciones.
Un doble rasero evidente
La actitud hacia Cuba contrasta con la firmeza que España y la UE muestran en otros contextos. En escenarios donde sí existen intereses geopolíticos distintos, el lenguaje cambia, las exigencias se endurecen y las medidas se concretan.
Con Cuba, en cambio, prevalece una cautela que roza la indulgencia.
Ese doble rasero erosiona la credibilidad de la política exterior española en materia de derechos humanos. Porque transmite la idea de que los principios no son universales, sino negociables en función de intereses estratégicos o económicos.
España como parte del problema
El tuit de Albares no es, por tanto, un simple gesto diplomático. Es el reflejo de una política que, lejos de contribuir a una solución, ayuda a perpetuar el problema.
Al insistir en fórmulas vacías como la “libre decisión del pueblo cubano” sin abordar las condiciones que la hacen imposible, España se sitúa en una posición cómoda, pero estéril. Evita el conflicto, preserva sus intereses y mantiene abiertos los canales de diálogo, pero a costa de renunciar a una defensa efectiva de los derechos fundamentales.
En última instancia, este enfoque no solo fracasa en promover cambios reales. También contribuye a prolongar la agonía de millones de cubanos que siguen esperando algo más que palabras.
Porque sin presión, sin condiciones claras y sin voluntad política de exigir responsabilidades, no hay transición posible. Y mientras España siga apostando por la ambigüedad, seguirá siendo, en mayor o menor medida, parte del problema.
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