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Trabajadores en Matanzas están siendo obligados a firmar las listas de la campaña "Mi Firma por la Patria" bajo amenaza de despido, según una denuncia recibida por CiberCuba cuya fuente se protege por razones de seguridad.
La persona denunciante relató que ella misma se negó a firmar la iniciatica de Miguel Díaz-Canel y fue amenazada con perder su empleo.
"A mi amiga la están amenazando con sacarla del trabajo", afirmó, señalando que la presión no recae solo sobre ella sino sobre quienes la rodean.
El miedo como mecanismo de control queda en evidencia en uno de los testimonios más reveladores de la denuncia: "Mi mamá firmó porque tiene miedo".
La denunciante considera que la práctica se extiende más allá de su provincia: "Esto debe estar pasando en toda Cuba".
La presión no se limita a los centros laborales. Una captura de pantalla de una conversación en un grupo de mensajería llamado "Firmar por la patria" muestra que la misma dinámica se reproduce en centros educativos.
En ese chat, una persona relata haber sido expulsada de una reunión en su escuela por negarse a firmar el documento: "Me sacaron porque dicen que mis ideas no están acorde con los principios revolucionarios".
Algunos de los participantes en esa conversación expresaron su rechazo abierto. "Yo hoy colapsé y dije todo lo que me dio la gana", escribió uno de ellos, añadiendo: "Que tomen la medida que quieran después. Me da lo mismo".
Otro participante cuestionó la base misma del discurso oficial: "Es que yo no sé quién va a luchar por esto aquí".
Estas denuncias se producen en un contexto de escalada ideológica sostenida por parte del régimen. Desde marzo de 2026, el gobierno ha intensificado el discurso bélico y la promoción del servicio militar como supuesto deber patriótico, extendiendo esa presión incluso a niños y mujeres.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los ejércitos regionales han multiplicado la retórica de defensa revolucionaria en actos públicos y centros de estudio.
La práctica de obligar a firmar declaraciones de lealtad en centros de trabajo y estudio no es nueva en Cuba.
El régimen ha utilizado históricamente estos espacios como herramientas de control político, donde la negativa a participar en actos de adhesión puede acarrear consecuencias laborales o académicas.
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