El abogado y experto en banca Alberto Luzárraga calificó como «inversión odiosa» y «fraude» la práctica de empresas europeas y españolas que operan en la Isla bajo el sistema de intermediación estatal obligatoria, y sostuvo que en una Cuba libre esas compañías deberían ser llevadas ante los tribunales por haber explotado a los trabajadores de sus hoteles.
Luzárraga explicó que el modelo de inversión hotelera en la isla funciona a través de entidades estatales que actúan como intermediarias entre las empresas extranjeras y los trabajadores, quedándose con la mayor parte del salario que aquellas pagan en divisas.
«Hay muchas empresas europeas y españolas que han invertido en hotelería en Cuba, pero esa es una inversión realmente odiosa porque estaban haciéndolo a base del sistema de que ellos estaban pagando un salario por debajo del mercado internacional», afirmó el experto.
Según Luzárraga, el perjuicio recae directamente sobre el trabajador cubano: "Al régimen cubano ya le estaban pagando menos de lo que le debían pagar pero al trabajador cubano lo estaban explotando porque, como usted sabe, le pagaban la mayoría del salario al gobierno y una miseria al trabajador cubano."
El abogado argumentó que esta práctica viola la Convención 80 de las Naciones Unidas, que prohíbe estas prácticas en el marco de inversiones extranjeras: "Ese interpósito a persona se queda con parte del dinero y el trabajador no recibe lo que le pertenece. Entonces pues realmente es un fraude, están defraudando al trabajador cubano".
Desde el punto de vista jurídico, Luzárraga fue categórico: "Todos esos contratos en mi opinión como abogado son nulos porque están hechos con causa torpe. La causa torpe es defraudar a un tercero y no tienen validez ninguna".
El experto señaló directamente al Grupo Meliá como el caso más emblemático de este modelo al ser el mayor operador hotelero extranjero en la isla: "El señor Meliá que se ha dado gusto llenándose las bolsas con lo que ha hecho en Cuba es un señor que nos debe, nos debe dinero, le debe dinero al pueblo cubano. Ha defraudado al trabajador cubano en cantidades muy importantes. Le debe salario y le debe daños y perjuicios", dijo.
El sistema que describe Luzárraga está respaldado por la Ley 118 de Inversión Extranjera, que prohíbe la contratación directa de trabajadores cubanos y obliga a las empresas foráneas a operar a través de entidades empleadoras estatales vinculadas a GAESA, el conglomerado empresarial del ejército cubano.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado a Meliá, Iberostar y Barceló por «explotación feudal» y violación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y ha documentado que los trabajadores cubanos en hoteles de cadenas españolas reciben entre 11 y 16 dólares mensuales en pesos cubanos, mientras las habitaciones se cobran en divisas a precios internacionales.
Luzárraga reveló que en el pasado intentó llevar este asunto a los tribunales españoles, sin éxito: «Yo traté en España hace muchos años con unos amigos de tocar este punto y pusieron un pleito y lo desestimaron y ni siquiera lo tomaron porque hay demasiados intereses».
Al ser preguntado directamente sobre si en una Cuba libre se llevaría a esas empresas ante los juzgados, el abogado no dudó: «Definitivamente es más, yo no creo... Sí, sí, correctamente ha habido demasiado abuso».
El colapso del turismo cubano agrava el panorama: la ocupación hotelera cayó al 21,5% en el primer semestre de 2025, y en el hotel Meliá Cayo Santa María los empleados acumularon cinco meses sin salario en marzo de 2026, con deudas de 17,000 pesos cubanos por persona.
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