Vídeos relacionados:
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, apeló a la Constitución de 1940 para legitimar las nacionalizaciones de los años sesenta. Pero, no solo citó un texto histórico, sino que puso sobre la mesa una contradicción difícil de sostener.
El desliz del diplomático no es menor. Curiosamente, el mismo régimen que hoy invoca esa Carta Magna como fuente de legitimidad jurídica fue el que, tras llegar al poder, desmanteló el sistema político, institucional y de derechos que esa Constitución consagraba.
En su búsqueda desesperada de argumentos que poner sobre la mesa (de unas negociaciones que el propio viceministro afirmaba no estaban sucediendo), el propio Fernández de Cossío se ha dado un disparo en el pie; o para decirlo en cubano, ha metido la pata, se ha metido en camisa de once varas.
Veamos: la Constitución de 1940 definía a Cuba como una “República unitaria y democrática” orientada al disfrute de la libertad política y la justicia social. No se trataba únicamente de un marco económico, sino de un orden completo basado en la soberanía popular y en la existencia de límites efectivos al poder del Estado.
Ese contexto es inseparable de cualquier interpretación rigurosa de sus disposiciones sobre propiedad y expropiación.
En ese marco, la Carta del 40 reconocía la propiedad privada “en su más amplio concepto de función social” y admitía su limitación por razones de necesidad pública o interés social.
Es decir, la expropiación no era ilegal en sí misma. Pero tampoco era discrecional. Formaba parte de un sistema que exigía garantías, procedimientos y contrapesos institucionales para evitar abusos.
El marco legal que la "revolución" desmanteló
Ese mismo texto constitucional garantizaba libertades esenciales que hoy resultan incómodas, cuando no desacreditadas y violentadas por el discurso y la práctica "revolucionaria".
Reconocía el derecho de los ciudadanos a reunirse, asociarse y participar en la vida política sin restricciones arbitrarias, y establecía que cualquier disposición que limitara esos derechos sería nula. Incluso contemplaba la legitimidad de la resistencia frente a violaciones de derechos fundamentales.
La Constitución que Fernández de Cossío cita no era solo un instrumento para regular la propiedad; era, ante todo, un marco democrático.
Ahí es donde aparece la fractura histórica. La llamada "revolución cubana" llegó al poder en 1959 prometiendo restaurar ese orden constitucional tras la dictadura de Fulgencio Batista. Sin embargo, en lugar de reinstaurarlo, Fidel Castro lo sustituyó rápidamente por un sistema de "leyes revolucionarias".
La Ley Fundamental de 1959 disolvió el Congreso y concentró el poder en el Ejecutivo, iniciando un proceso que eliminó la separación de poderes, el pluralismo político y la independencia judicial.
Al mismo tiempo, desde 1959 y de forma masiva a partir de 1960, el nuevo poder revolucionario avanzó en nacionalizaciones y reformas estructurales mientras desmantelaba el sistema de garantías que debía respaldarlas.
En ese escenario, la Constitución de 1940 quedó, en la práctica, sin efecto mucho antes de ser formalmente reemplazada en 1976.
Ese contexto es determinante para evaluar las nacionalizaciones. No se produjeron dentro de un sistema de garantías plenamente operativo, sino en medio de una transformación radical del orden político-jurídico.
Por tanto, esas nacionalizaciones no se ampararon en el marco normativo constitucional acordado en 1940 y carecen por completo de la legitimidad que pretende arrogarse ahora el régimen a través de su portavoz Fernández de Cossío.
El problema de fondo: la compensación en Derecho Internacional
Desde la perspectiva del Derecho Internacional, el problema no radica en la existencia de nacionalizaciones, sino en cómo se llevaron a cabo.
El derecho internacional reconoce la potestad de los Estados para expropiar, pero establece condiciones claras: debe existir un interés público, no puede haber discriminación y, sobre todo, debe otorgarse una compensación adecuada, efectiva y sin demoras indebidas.
Este estándar es el punto más débil del argumento oficial cubano.
Cuba alcanzó acuerdos de compensación con varios países, lo que confirma que el propio gobierno reconocía la necesidad de indemnizar.
Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, donde se concentran miles de reclamaciones certificadas por un valor que hoy supera los 9,000 millones de dólares, no se produjo una compensación efectiva.
La explicación de La Habana —que Washington se negó a negociar— no elimina la cuestión de fondo: la obligación de compensar no depende exclusivamente de la voluntad política de la otra parte.
El doble discurso del régimen en el presente
En este punto, el argumento de Fernández de Cossío introduce otra debilidad: la mezcla de planos jurídicos distintos.
El viceministro sostiene que los daños causados por Estados Unidos a Cuba son superiores a los sufridos por los antiguos propietarios. Pero, en términos legales, se trata de cuestiones separadas. Las reclamaciones por bienes expropiados no desaparecen por la existencia de conflictos políticos entre Estados.
Ese enfoque forma parte de un patrón más amplio. Mientras el aparato propagandístico insiste en que “Cuba no debe nada”, las propias autoridades reconocen en espacios diplomáticos que existe un tema pendiente de compensaciones.
El propio Fernández de Cossío ha propuesto un esquema de pago global, y el embajador cubano ante la ONU ha descrito el proceso como una “autopista de dos direcciones”.
Por un lado, el discurso interno niega cualquier obligación. Por otro, la práctica diplomática admite la existencia de un conflicto económico que requiere solución.
Esa dualidad de discurso político (interno) y diplomático (externo) debilita la credibilidad del argumento y refuerza la impresión de que el derecho se utiliza de forma instrumental.
Una legitimidad difícil de sostener
El momento actual explica parte de esa tensión. Las conversaciones secretas con la administración Trump, la presión de esta sobre el régimen cubano, la aparición en la mesa de figuras sin autoridad política o institucional como Raúl Guillermo Rodríguez Castro -nieto de Raúl Castro conocido como 'El Cangrejo'- han dejado a la dictadura desnuda, sin los argumentos sobre los que alguna vez intentó construir su legitimidad.
Ya no es sólo la presión legal derivada de la aplicación de la Ley Helms-Burton, las demandas en tribunales estadounidenses o la crisis económica siempre justificada como consecuencia del "bloqueo criminal y genocida". Ahora el régimen se enfrenta a un momento crítico, con el tema de las reclamaciones en el centro de la agenda y el desmantelamiento del régimen totalitario construido por el castrismo.
Y es en este momento cuando la dictadura ha quedado desnuda, cuando Miguel Díaz-Canel y su gobierno han quedado retratados como títeres y peleles de la "familia real", de los que mandan de verdad, los que retienen el poder hace 67 años, y que ahora deciden los destinos de la nación y sacan a sus voceros a cantar como repentistas de San Nicolás del Peladero.
Entonces es cuando se producen meteduras de pata como la de Fernández de Cossío, ese viceministro digno de la llamada "diplomacia revolucionaria", que no es más que el ejercicio de la manipulación, el llanto, y la mentira institucionalizada para insertarse en la "comunidad internacional" como una "nación heroica, soberana y bloqueda", y no como lo que es, un "Estado canalla" (rogue state).
En el escenario actual, con 'El Cangrejo' y su tío Alejandro Castro Espín ('El Tuerto') manejando los hilos de todos sus monigotes, la apelación a la Constitución de 1940 adquiere un carácter sumamente problemático, cuando no grotesco.
No solo porque se invoca de forma selectiva, sino porque se utiliza como coartada jurídica sin asumir el modelo político que esa misma Constitución establecía: esa Cuba que en 1940, luego de décadas de convulsa y vibrante construcción nacional, se constituía como "un Estado independiente y soberano organizado como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo, y la solidaridad humana".
Esa Cuba que el castrismo destruyó hasta los cimientos para perpetuarse en el poder y terminar imponiendo la espuria Constitución de 2019, que consagró el despojo de los derechos y libertades políticas y civiles de los cubanos -llevado a cabo a sangre y fuego durante décadas de gobierno tiránico- y sometió a los ciudadanos al carácter “irrevocable” del sistema socialista y al papel dirigente del Partido Comunista, anulando así cualquier límite real al poder del Estado totalitario.
Archivado en: