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La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Contraloría General de la República de Cuba (CGRC) firmaron este jueves en La Habana un acuerdo de acceso y uso compartido de sistemas informáticos y datos financieros para identificar posibles fraudes y evasiones tributarias.
El documento fue suscrito por Mary Blanca Ortega Barredo, jefa de la ONAT, y Mirian Marbán González, contralora general, en un acto que contó también con la participación del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y se enmarcó en el cierre de una acción de control de la Contraloría a la propia ONAT, informó la Agencia Cubana de Noticias.
Según el texto del acuerdo, a través del sistema informático INFOGESTI y el cruce de información financiera «se facilitará la identificación de posibles fraudes o evasiones tributarias».
El convenio amplía el acceso a datos desde la Contraloría General, las contralorías provinciales y la del municipio especial de Isla de la Juventud, y permitirá consultas eventuales sobre contribuyentes de interés «como parte de acciones de control en ejecución».
El régimen también prevé incorporar herramientas de inteligencia artificial y algoritmos de análisis de datos al proceso. El acuerdo señala que «resultarán valiosos los datos e informaciones obtenidas como resultado de la implementación de herramientas de inteligencia artificial, y otros algoritmos de análisis de datos, que contribuyan a la detección de irregularidades».
La medida se produce un día después de que el gobierno publicara la Resolución 86/2026, que obliga a privados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, convirtiendo a cuentapropistas, MIPYMES y cooperativas en agentes de vigilancia financiera.
Ambas acciones forman parte de una escalada regulatoria que incluye la facturación electrónica obligatoria para el sector privado en 2026 y el endurecimiento de sanciones mediante el Decreto-Ley 91/2024, que establece multas de hasta 72,000 pesos para infractores.
El contexto fiscal explica la urgencia del régimen. El presupuesto cubano para 2026 proyecta un déficit de 74,500 millones de pesos, con ingresos tributarios estimados en 349,429.9 millones de pesos.
Las acciones de fiscalización de 2025 determinaron deudas tributarias por 6,950 millones de pesos, un 15% más que el año anterior, aunque más de 3,580 millones quedaron sin recuperar al cierre de ese año.
El sector privado, con más de 11,000 MIPYMES registradas que generan el 31.2% del empleo y aportan el 23% de los ingresos fiscales, es el principal objetivo de estas medidas. Solo el 79.7% de los contribuyentes cumplió con la habilitación de cuentas bancarias fiscales en 2025, una cifra que el régimen busca mejorar con el nuevo cruce de datos.
El régimen ha intensificado la presión fiscal sobre los privados desde 2024, cuando también eliminó exenciones de impuestos a las MIPYMES y restringió el uso de divisas en el comercio.
El acuerdo entre la ONAT y la Contraloría entró en vigor en el momento de su firma y puede ser modificado por voluntad de ambas partes, según establece el propio documento.
Preguntas frecuentes sobre el control fiscal y regulaciones del gobierno cubano en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas ha implementado el gobierno cubano para detectar la evasión fiscal?
El gobierno cubano ha firmado un acuerdo entre la ONAT y la Contraloría General para cruzar datos financieros y detectar posibles fraudes y evasiones tributarias. Este acuerdo incluye el acceso compartido a sistemas informáticos y la implementación de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos.
¿Qué obligaciones tienen ahora los privados en cuanto a vigilancia financiera?
Los privados en Cuba, incluyendo cuentapropistas, MIPYMES y cooperativas, están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y terrorismo. Deben verificar listas internacionales y nacionales antes de prestar servicios y mantener confidencialidad sobre cualquier reporte realizado.
¿Por qué el gobierno cubano está endureciendo las regulaciones fiscales y financieras?
El endurecimiento de las regulaciones fiscales y financieras responde a la necesidad de incrementar la recaudación para cubrir un déficit presupuestario significativo. Además, el gobierno busca cumplir con compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
¿Cómo afecta esta escalada regulatoria al sector privado en Cuba?
La escalada regulatoria impone una carga burocrática significativa sobre el sector privado, convirtiéndolo en una extensión del sistema de control estatal. Los privados deben ajustar sus operaciones a nuevas normativas, como la facturación electrónica obligatoria y restricciones al uso de divisas.
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