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El presidente Donald Trump firmó este viernes una nueva orden ejecutiva que pone en la mira en empresas extranjeras, bancos e individuos que mantengan vínculos comerciales o financieros con el gobierno de La Habana, según el texto publicado por la Casa Blanca.
La orden, titulada «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos», se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) y extiende el marco establecido por la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró al gobierno cubano una amenaza «inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense.
El documento declara que las políticas del régimen cubano «continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria» y añade que «no solo están diseñadas para dañar a Estados Unidos, sino que también son repugnantes a los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas».
El núcleo de la nueva medida es la expansión de sanciones a personas extranjeras que operen en sectores estratégicos de la economía cubana: energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad.
Quedan igualmente sujetos a sanciones quienes estén controlados o dirigidos por el gobierno cubano, quienes le hayan prestado apoyo financiero, material o tecnológico, así como líderes, altos ejecutivos y miembros de juntas directivas de entidades ya bloqueadas.
La orden va más lejos aún al extender las sanciones a familiares adultos de las personas designadas, y a quienes sean responsables o cómplices de abusos graves de derechos humanos o de corrupción vinculada al régimen, incluyendo malversación de activos públicos, expropiación de bienes privados o soborno.
El Secretario de Estado y el Secretario del Tesoro tendrán autoridad conjunta para determinar qué personas o entidades extranjeras quedan sujetas a las nuevas restricciones, con bloqueo inmediato de sus activos en territorio estadounidense.
La orden también suspende la entrada a Estados Unidos —como inmigrantes o no inmigrantes— de los extranjeros que cumplan los criterios de sanción, salvo que el Secretario de Estado determine que su ingreso responde al interés nacional.
Un aspecto destacado es que la norma establece expresamente que no se requiere notificación previa a las personas designadas, argumentando que «la capacidad de transferir fondos o activos de forma instantánea haría ineficaces estas medidas» si se avisara con antelación.
Asimismo, prohíbe cualquier transacción que «evada o intente evadir» las restricciones, así como cualquier conspiración para violarlas.
Esta nueva orden llega en un momento en que la campaña de presión máxima de Trump contra Cuba ha acumulado más de 240 nuevas sanciones desde enero de 2026, provocando una crisis energética severa con apagones de hasta 20 horas diarias en la isla.
El cerco financiero se vuelve especialmente complejo para actores internacionales porque el propio régimen cubano bloqueó las cuentas en divisas de empresas extranjeras desde finales de 2025, y en febrero de 2026 publicó el Acuerdo 10216, que obliga a plataformas de comercio electrónico a canalizar ingresos hacia bancos cubanos, medida que entra en conflicto directo con las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Tras la eliminación de los aranceles basados en IEEPA ordenada por el Tribunal Supremo en febrero, Trump mantuvo la emergencia nacional y el andamiaje legal para sanciones directas, que es precisamente el mecanismo que activa la orden firmada este viernes.
La Casa Blanca ha insistido en que el régimen cubano está destinado al fracaso, y la nueva orden representa el paso más ambicioso hasta ahora para aislar financieramente a La Habana cortando sus conexiones con el sistema económico internacional.
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