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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió este jueves un comunicado en el que rechaza «en los términos más enérgicos» la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, y condena las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro que añadieron este jueves a GAESA y Moa Nickel S.A. a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, acusando a Washington de intentar «rendir por hambre y desesperación» a toda la población cubana.
Lo que el régimen omite en su comunicado es que el hambre en Cuba no llegó con las sanciones de Trump: es la consecuencia directa de más de seis décadas de dictadura comunista y un modelo económico centralizado que destruyó la producción agrícola nacional.
«La medida obstaculizará aún más el funcionamiento de la economía nacional que ya enfrenta, desde el pasado 29 de enero de 2026, los efectos nefastos del bloqueo petrolero impuesto en esa fecha y que paralizó las exportaciones de combustibles al país», recalcó el comunicado.
El texto «denunció» también «el carácter criminal de estas medidas de agresión dirigidas a rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana», como si no estuviera en colapso la economía cubana desde antes, «y a tratar de generar una catástrofe social, económico y político a escala nacional».
Además, subrayaron: «Rechaza además la intención del gobierno de los Estados Unidos de construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida una agresión militar contra Cuba», buscando una justificación externa a la impopularidad del régimen.
Según una encuesta sobre el hambre en Cuba publicada ayer, el 33,9% de los hogares cubanos reportó hambre en 2025, antes de que se firmara la Orden Ejecutiva de mayo de 2026, con un aumento de 9,3 puntos respecto a 2024.
El Food Monitor Program registró en abril de 2026 que el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos por inflación y caída del poder adquisitivo.
Las muertes por desnutrición aumentaron un 74% entre 2022 y 2023, de 43 a 75 casos, según la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.
Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, reflejo del colapso de la producción agrícola bajo el modelo colectivizado que el régimen impuso desde 1959.
El propio primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, reconoció en octubre de 2024 —meses antes de cualquier nueva medida de Trump— que «la escasez de combustible es el mayor factor» del colapso económico.
En diciembre de 2024, el Partido Comunista de Cuba admitió los fallos del modelo socialista en la producción de alimentos, y en abril de ese mismo año el régimen solicitó por primera vez ayuda al Programa Mundial de Alimentos para suministrar leche en polvo a niños.
El 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años noventa, según una encuesta de marzo de 2026.
En cuanto a las nuevas sanciones, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba», señalando que el conglomerado militar controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla y genera más de 1,000 millones de dólares anuales para el régimen.
Las nuevas sanciones contra GAESA anunciadas por Rubio son la primera medida coercitiva derivada de la Orden Ejecutiva que Trump firmó el 1 de mayo, que amplía las sanciones económicas, financieras y comerciales contra la isla.
El MINREX advirtió además que EE.UU. busca «construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida una agresión militar contra Cuba», y llamó a la comunidad internacional a no ceder ante lo que calificó de «chantaje e intimidación».
La estrategia del régimen de culpar a EE.UU. del hambre en la isla no es nueva, pero los datos la desmienten: la crisis alimentaria cubana es estructural, anterior a cualquier sanción reciente, y tiene su origen en el mismo sistema que hoy firma el comunicado de protesta.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Es el embargo de EE.UU. la causa principal de la crisis alimentaria en Cuba?
No, la crisis alimentaria en Cuba tiene causas estructurales internas que se remontan a más de seis décadas de un modelo económico centralizado que ha destruido la producción agrícola nacional. Aunque el embargo impone restricciones, Cuba ha importado alimentos de EE.UU. durante años bajo ciertas condiciones, lo que desmonta el argumento del régimen sobre una asfixia total debido al embargo.
¿Qué porcentaje de alimentos consume Cuba que son importados?
Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume. Esta alta dependencia de importaciones es un reflejo del colapso de la producción agrícola bajo el modelo colectivizado impuesto por el régimen desde 1959, lo que ha llevado a una crisis alimentaria persistente.
¿Cómo afectan las sanciones de EE.UU. a la economía cubana?
Las sanciones de EE.UU. imponen restricciones económicas, financieras y comerciales que complican el acceso a créditos y pagos internacionales, pero no son el único ni principal factor de la crisis económica cubana. La economía de la isla enfrenta problemas estructurales internos, como la ineficiencia del modelo estatal centralizado y la caída de la producción nacional.
¿Cuál es el impacto de la dolarización parcial en la economía cubana?
La dolarización parcial de la economía cubana agrava la desigualdad social, ya que muchos alimentos importados se venden en tiendas en divisas a precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Esto canaliza ingresos hacia el conglomerado militar GAESA y las élites vinculadas al poder, mientras la mayoría de la población queda relegada a un sistema de racionamiento debilitado.
¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano ante la crisis alimentaria?
El régimen cubano ha presentado programas económicos y solicitado ayuda internacional, como la solicitud al Programa Mundial de Alimentos para suministrar leche en polvo a niños. Sin embargo, los programas presentados no abordan las causas estructurales de la crisis y han tenido un cumplimiento limitado, reflejando la incapacidad del sistema estatal para garantizar el abastecimiento adecuado de alimentos.
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