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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó este jueves de «castigo colectivo» con «intención genocida contra la nación cubana» las nuevas sanciones anunciadas por Washington contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y 70% de la economía formal de la isla.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció hoy la designación específica de GAESA, su directiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa minera estatal Moa Nickel S.A. (MNSA), a las que describió como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba».
Rubio advirtió además que vendrán «designaciones adicionales en los próximos días y semanas».
En su publicación en X, Rodríguez Parrilla sostuvo que las medidas «despejan toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país» y acusó a Washington de actuar con «la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del gobierno estadounidense».
Las sanciones se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, que amplía la emergencia nacional declarada el 29 de enero de ese año y que calificó al gobierno cubano como «amenaza inusual y extraordinaria».
El impacto fue inmediato en el sector minero. La empresa canadiense Sherritt International, socia de Moa Nickel desde 1994, anunció la suspensión completa de sus operaciones en Cuba y la repatriación de todo su personal expatriado, citando falta de combustible.
En su comunicado, la compañía señaló que «la mera emisión de la orden ejecutiva crea condiciones que alteran materialmente la capacidad de la corporación para operar en el curso ordinario».
Las acciones de Sherritt cayeron hasta un 30% tras el anuncio.
Rubio acusó a Moa Nickel de explotar recursos naturales para beneficiar al régimen «a expensas del pueblo» y de lucrarse de activos expropiados a ciudadanos y empresas estadounidenses.
La salida de Sherritt priva a Cuba de su principal socio minero extranjero y afecta entre el 10% y 15% de la capacidad de generación eléctrica de la isla.
GAESA fue creado en los años 90 por Raúl Castro para financiar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias tras el colapso soviético.
Hoy controla el turismo, el comercio minorista, las remesas, los puertos y las telecomunicaciones, con activos estimados en más de 18,000 millones de dólares y empresas pantalla registradas en Panamá, Chipre y Liberia para evadir sanciones.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas entre 80% y 90% y provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano.
China, por su parte, reiteró hoy su «apoyo firme a Cuba» y exigió a Washington que «cese las sanciones y la presión coercitiva», en línea con el respaldo sistemático que Pekín ha brindado al régimen desde el inicio de la escalada.
La retórica de Rodríguez Parrilla ha escalado en dureza a lo largo de los meses: de calificar las primeras medidas de enero como «brutal acto de agresión» a denunciar hoy una «intención genocida», mientras Rubio advierte que las designaciones contra el aparato económico del régimen aún no han concluido.
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