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El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio confirmaron este jueves que avanzan en una estrategia de máxima presión contra el régimen cubano, con nuevas sanciones que impactan al conglomerado militar GAESA, a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y a la empresa minera Moa Nickel S.A.
Las medidas bloquean todos los bienes e intereses de las entidades sancionadas bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier transacción financiera o comercial con ellas, extendiendo además el riesgo de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que mantengan vínculos con las entidades bloqueadas.
«La Administración Trump está tomando medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas armadas de Cuba del acceso a activos ilícitos», declaró Rubio en el comunicado oficial.
El comunicado del Departamento de Estado describe a GAESA como el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba, señalando que controla aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla.
Según estimaciones públicas citadas por el Departamento de Estado, los ingresos de GAESA probablemente triplican el presupuesto del Estado cubano y el conglomerado podría controlar hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos en el extranjero.
Rubio subrayó que «a tan solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones de inteligencia extranjera, militares y terroristas».
Lastres Morera, la mujer detrás de GAESA, fue sancionada por ser responsable de gestionar los activos internacionales ilícitos del conglomerado.
General de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembro del Comité Central del Partido Comunista, asumió la presidencia ejecutiva de GAESA tras la muerte de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja en julio de 2022.
Moa Nickel S.A., una empresa conjunta entre la canadiense Sherritt International y la estatal cubana Compañía General del Níquel, fue sancionada por operar en el sector de metales y minería.
El Departamento de Estado la acusa de lucrarse con activos «originalmente expropiados por el régimen cubano a ciudadanos y corporaciones estadounidenses».
El impacto fue casi inmediato: la salida de Sherritt deja al régimen sin su principal socio minero, tras anunciar la empresa canadiense la suspensión total de sus operaciones en Cuba y la repatriación de su personal expatriado. Sus acciones cayeron hasta un 30% en bolsa ese mismo día.
La salida de Sherritt afectaría entre un 10% y un 15% de la capacidad de generación eléctrica de Cuba, agravando una crisis energética que ya registra apagones de hasta 25 horas diarias.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó un período de gracia hasta el 5 de junio de 2026 para que personas y entidades extranjeras puedan liquidar transacciones con GAESA sin riesgo de sanciones secundarias.
Las sanciones de este jueves se inscriben en una estrategia de presión máxima que la administración Trump ha intensificado desde enero de 2026. Desde entonces, Trump firmó la Orden Ejecutiva que sustenta estas medidas y se han acumulado más de 240 sanciones contra el régimen, además de la intercepción de al menos siete tanqueros, lo que ha reducido las importaciones de combustible de la isla entre un 80% y un 90%.
La dimensión militar de la presión también escala: el Departamento de Estado comenzó a destacar personal hacia el Comando Sur en Miami en anticipación de posibles hostilidades, y el pasado martes Rubio presidió la Conferencia de Jefes de Misión 2026 en la sede del SOUTHCOM en Doral, donde fue fotografiado junto al general Francis L. Donovan frente a un mapa de Cuba bajo el lema «¡Paz a través de la Fuerza!».
Rubio advirtió que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas», una señal de que la campaña de presión máxima contra La Habana está lejos de haber concluido.
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