La administración del presidente Donald Trump está ampliando de manera significativa los esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, en lo que representa un nuevo capítulo dentro de su política migratoria restrictiva.
Según reveló NBC News, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha comenzado a desplegar personal especializado en desnaturalización en oficinas de todo el país, con el objetivo de incrementar el número de casos revisados y enviados a litigio.
De acuerdo con fuentes citadas por el medio, la meta es abastecer a la oficina de litigios de inmigración con entre 100 y 200 posibles casos mensuales.
Esta cifra contrasta con el historial reciente: durante los cuatro años del primer mandato de Trump se presentaron formalmente 102 casos de desnaturalización en total, según datos del Departamento de Justicia (DOJ).
En lo que va del segundo mandato, ya se han presentado 16 casos y la administración ha ganado siete, entre ellos el de un hombre originario del Reino Unido condenado por recibir y distribuir imágenes sexualmente explícitas de menores.
Históricamente, los procesos de desnaturalización han sido poco frecuentes y se han centrado principalmente en situaciones donde se demuestra que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o tergiversación material, como la ocultación de antecedentes penales, violaciones graves de derechos humanos o vínculos con organizaciones terroristas.
“Tolerancia cero” ante el fraude
El portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, aseguró que la agencia revisa casos cuando existe evidencia creíble de que la ciudadanía fue obtenida de manera fraudulenta.
“Mantenemos una política de tolerancia cero ante el fraude en el proceso de naturalización e iniciaremos procedimientos de desnaturalización para cualquier persona que haya mentido o tergiversado su identidad”, afirmó.
Añadió que la agencia “seguirá persiguiendo sin descanso a quienes socavan la integridad del sistema de inmigración estadounidense” y que trabajará con el Departamento de Justicia para garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos conserven la ciudadanía.
El Departamento de Justicia, por su parte, ha instruido a sus abogados a priorizar este tipo de litigios, enfocándose en casos que involucren a “individuos que representan un riesgo para la seguridad nacional”, personas que hayan participado en crímenes de guerra o tortura, que hayan cometido fraude contra programas como Medicaid o Medicare, o que hayan defraudado al gobierno de otras maneras.
Además, existe una cláusula amplia que permite perseguir “cualquier otro caso… que la división determine que es lo suficientemente importante como para perseguirlo”.
¿Quiénes podrían estar en riesgo?
Cada año, aproximadamente 800,000 personas adquieren la ciudadanía estadounidense mediante naturalización.
Para lograrla, los solicitantes deben ser mayores de 18 años, residentes permanentes legales, demostrar dominio básico del inglés, aprobar un examen de educación cívica y acreditar “buen carácter moral”, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El concepto de “buen carácter moral” podría convertirse en un punto clave.
Deborah Chen, directora asociada del programa de servicios de protección a inmigrantes del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, señaló que algunos clientes con solicitudes pendientes fueron rechazados por deber impuestos, incluso teniendo planes de pago.
Esto, dijo, podría indicar que los funcionarios están buscando más pruebas de carácter moral, evaluando “atributos positivos” como cuidado familiar, empleo estable, educación y participación comunitaria.
La analista Sarah Pierce, exfuncionaria del USCIS durante la presidencia de Joe Biden, advirtió que el amplio margen de discreción de la agencia podría generar vulnerabilidad retroactiva para algunos naturalizados.
“La desnaturalización es una herramienta importante que debería utilizarse en casos excepcionales”, afirmó.
Pierce expresó preocupación por la posibilidad de que ciertos cambios en la política migratoria “hagan que algunos ciudadanos naturalizados sean vulnerables a reclamos de fraude o tergiversación de manera retroactiva”.
Aunque el gobierno impulse más investigaciones, la desnaturalización no puede ejecutarse de forma unilateral.
Requiere un proceso judicial completo y estándares probatorios elevados. Incluso si el gobierno inicia una investigación con el objetivo de revocar la ciudadanía, el proceso puede tardar años.
Una eventual deportación, además, implicaría otro procedimiento judicial independiente.
Doug Rand, exfuncionario del USCIS, recordó que ningún presidente puede despojar unilateralmente de la ciudadanía a un estadounidense naturalizado.
“Es muy importante que los ciudadanos estadounidenses naturalizados actuales y futuros sepan que ningún presidente puede despojar unilateralmente a las personas de la ciudadanía por la que han trabajado tan duro para ganarse”, sostuvo.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles advierten que el solo anuncio de estas medidas puede generar temor.
Margy O’Herron, investigadora principal del programa de libertad y seguridad nacional del Centro Brennan para la Justicia, afirmó que la mera amenaza de desnaturalización ya tiene efectos psicológicos y sociales profundos.
“Los ciudadanos tienen miedo de que si hacen o dicen algo que no le gusta al gobierno, incluso si esas cosas son legales y están protegidas por la Constitución, serán un blanco”, señaló.
Un debate más amplio sobre la ciudadanía
La ofensiva contra la desnaturalización ocurre en paralelo con otro frente polémico: la ciudadanía por derecho de nacimiento, garantizada por la Enmienda 14 de la Constitución.
Trump ha cuestionado públicamente este principio y la Corte Suprema analiza actualmente argumentos relacionados con ese tema.
En un mensaje publicado el Día de Acción de Gracias del año pasado, el mandatario afirmó que eliminaría beneficios federales a quienes no fueran un “activo neto” para el país y que “desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad doméstica”.
En el pasado, los casos de desnaturalización se centraron en situaciones excepcionales, como la identificación de exnazis que habían ocultado su pasado tras la Segunda Guerra Mundial.
Tanto administraciones demócratas como republicanas han utilizado esta herramienta, aunque siempre de manera limitada.
Ahora, con el despliegue de personal especializado en más de 80 oficinas locales del USCIS y una meta mensual inédita, el esfuerzo adquiere una dimensión distinta.
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