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Un trabajador del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba fue condenado a 12 años de privación de libertad por los delitos de apropiación indebida y sabotaje, luego de robar más de 5,700 litros de combustible diésel destinado a los grupos electrógenos del centro y contaminar los tanques de reserva con agua, lo que dejó sin electricidad a pacientes conectados a ventiladores mecánicos, según nota informativa del Tribunal Provincial Popular de esa provincia.
El acusado se desempeñaba como Especialista B en ahorro y uso racional de la energía del hospital y era la única persona con control sobre el combustible diésel almacenado para los generadores.
Según el tribunal, el trabajador extrajo un total de 5,742 litros de diésel de los tanques y los vendió en el mercado informal.
Para ocultar el robo, reabastecía los grupos electrógenos con el combustible de reserva. Cuando el faltante en ese tanque también se hizo evidente, vertió una cantidad similar de agua para disimular el nivel, contaminando el combustible restante.
La consecuencia fue grave: ante una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, los generadores del hospital resultaron inoperables por el combustible adulterado.
La falla afectó los servicios del Hospital Provincial y el Cardiocentro, e interrumpió el tratamiento de cinco pacientes que se encontraban conectados a ventiladores pulmonares mecánicos en la Unidad de Servicios Intensivos.
Además, se obstruyeron y rompieron los filtros protectores y decantadores de los equipos.
El tribunal valoró especialmente que los hechos ocurrieron «en un escenario energético de alta complejidad para el país» y que algunos de los pacientes afectados se hallaban en estado crítico y requerían respiración mecánica.
La condena de 12 años fue impuesta de forma conjunta y única, acompañada de sanciones accesorias de privación de derechos públicos y prohibición de salida del territorio nacional, además del pago de responsabilidad civil.
El caso se enmarca en el endurecimiento de penas por sabotaje eléctrico impulsado por el régimen cubano ante el robo sistemático de combustible en instalaciones estatales.
El Tribunal Supremo Popular emitió en mayo de 2025 el Dictamen 475, que clasifica como sabotaje cualquier afectación intencional a infraestructuras críticas, incluido el sistema eléctrico, con penas que pueden llegar hasta 30 años, cadena perpetua o muerte en casos graves.
El robo de diésel destinado a generadores hospitalarios se ha convertido en un problema extendido en Cuba. En octubre de 2025, medios estatales revelaron redes organizadas de sustracción de combustible en instalaciones de La Habana, donde trabajadores desviaban el diésel de los grupos electrógenos para venderlo en el mercado informal.
La ONU reportó 96,000 cirugías pendientes en Cuba, incluyendo 11,000 en niños, como consecuencia directa del colapso energético que atraviesa la isla tras 67 años de dictadura comunista.
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