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La fiscalía del régimen cubano solicitó penas de hasta 13 años de cárcel para tres mujeres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que participaron en una protesta pacífica contra los apagones el 15 de noviembre de 2024 en el poblado de Palmarito de Cauto, municipio de Mella, provincia de Santiago de Cuba.
Según una información publicada por Martí Noticias, las acusadas son Mileidis Maceo Quiñones, Edilkis León Giraudis y Oneida Quiñones. La Fiscalía pide 13 años de privación de libertad para Mileidis, ocho años para Edilkis y cinco años para Oneida, bajo los presuntos delitos de desórdenes públicos y daños.
La manifestación que originó el encausamiento ocurrió cuando decenas de residentes salieron a las calles haciendo sonar calderos para exigir la restitución del servicio eléctrico tras varias horas de apagón.
La protesta fue reprimida por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y las Brigadas de Respuesta Rápida, que recurrieron a agresiones verbales. En respuesta, algunos participantes lanzaron piedras, logrando una de ellas impactar contra una patrulla policial.
Elba León Giraudis, hermana de Edilkis, confirmó a Martí Noticias que la petición fiscal llegó hace aproximadamente un mes y medio, pero que aún no se ha fijado fecha para el juicio oral.
Mileidis Maceo y Edilkis León permanecen recluidas en la prisión de mujeres de la provincia desde el 4 de diciembre de 2024, cuando fueron trasladadas desde los calabozos de la Unidad Policial de Mella, donde habían permanecido 19 días. Oneida Quiñones, quien padece una discapacidad física, cumple prisión domiciliaria.
La Fiscalía del municipio de Mella rechazó en dos ocasiones consecutivas las solicitudes de cambio de medida cautelar presentadas por los abogados defensores, cuyo objetivo era que las mujeres pudieran esperar el juicio en sus hogares.
Un cuarto implicado, el joven Rafael Borrero Torres, fue liberado de todos los cargos, presuntamente por ser menor de edad al momento de los hechos.
Elba León calificó las peticiones fiscales como desmesuradas y abusivas.
El caso se inscribe en un patrón documentado de criminalización de la protesta. En Encrucijada, provincia de Villa Clara, seis ciudadanos que protestaron el 7 de noviembre de 2024 contra los apagones recibieron condenas de hasta ocho años de cárcel. En Bayamo, 15 manifestantes de marzo de 2024 recibieron penas de entre tres y nueve años por hechos similares.
Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo el régimen de Miguel Díaz-Canel utiliza su entramado legal para criminalizar a los ciudadanos que protestan por las precarias condiciones de vida y los constantes apagones que sufre la isla.
Preguntas Frecuentes sobre las Condenas por Protestas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fueron condenadas las tres mujeres en Santiago de Cuba?
Las tres mujeres fueron condenadas por participar en una protesta pacífica contra los apagones en el poblado de Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba. El régimen cubano las acusa de desórdenes públicos y daños, solicitando penas de hasta 13 años de prisión.
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¿Cuál es el patrón de represión del régimen cubano hacia las protestas?
El régimen cubano ha establecido un patrón de criminalización de la protesta, utilizando leyes para castigar a los manifestantes que protestan por las condiciones de vida y apagones. Organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones y condenas arbitrarias, indicando que el gobierno utiliza su sistema judicial para reprimir la disidencia.
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¿Qué medidas ha tomado la Fiscalía contra las acusadas en Santiago de Cuba?
La Fiscalía rechazó las solicitudes de cambio de medida cautelar presentadas por los abogados defensores, obligando a las mujeres a esperar el juicio en prisión. A pesar de las peticiones para que pudieran esperar el juicio en sus hogares, las autoridades no han cambiado su decisión.
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¿Qué rol juegan las organizaciones de derechos humanos en estos casos?
Organizaciones de derechos humanos, como Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, documentan y denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen cubano. Estas organizaciones resaltan la represión y el uso del sistema legal para silenciar las protestas pacíficas.
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