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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) celebró este martes en Madrid el coloquio «La reconquista de la independencia judicial en Cuba», un espacio de análisis que reunió a exjuezas, exfiscales y abogados para denunciar la subordinación estructural del sistema judicial cubano al Partido Comunista y a la Seguridad del Estado.
El encuentro fue presentado por Teresa Larrinaga, presidenta del OCDH, y contó con la participación de Yaxys Cires, director de Estrategias de la organización, y Maylín Fernández Suris, graduada de Derecho y exjueza cubana, además de la intervención en línea del profesor José F. Chofre Sirvent, doctor en Derecho de la Universidad de Alicante.
«Es inadmisible iniciar una nueva república con jueces que hayan participado en la represión», afirmó Cires, quien propuso «una revisión y auditoría profunda del poder judicial, de arriba abajo, con sustitución de personal donde corresponda y selección de jueces que no hayan estado implicados en causas políticas ni en violaciones de derechos».
El abogado fue más allá y planteó la necesidad de recuperar la separación de poderes: «Se impone el rescate o la resurrección de Montesquieu. Es importante que en la Cuba que vamos a construir haya independencia de poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. No puede haber derecho sin justicia».
Durante el coloquio se presentó el informe «La ausencia de independencia judicial en Cuba: Elementos formales y prácticos», elaborado por Fernández Suris, que concluye que el problema no responde a fallas aisladas sino a un diseño institucional deliberado que subordina los tribunales al poder político.
El documento advierte que la carrera judicial en Cuba no depende de méritos profesionales, sino de fidelidad ideológica, y que el Decreto-Ley 13 de 2020 permite verificaciones secretas y vinculantes por parte de la Seguridad del Estado sobre aspirantes a cargos públicos, sin posibilidad de recurso.
Dos exjuezas cubanas prestaron testimonio en el coloquio sobre cómo recibían «indicaciones directas del Presidente del Tribunal Supremo, que respondían a los intereses del Partido Comunista de Cuba y del Ministerio del Interior».
«Los jueces estábamos obligados a rendir informes de la decisión que se tomaba y se nos indicaba incluso cómo proceder en estos casos», declaró una de ellas, quien añadió que «la carrera judicial en Cuba no depende de la profesionalidad con la que actúe el juez, sino que depende únicamente del interés que pueda representar para cumplir las expectativas del Partido Comunista».
El informe también documenta que los jueces son sometidos a un control diario por parte de la Seguridad del Estado «sobre su actuación en su vida personal y también dentro del propio sistema», y recoge patrones de obstáculos al derecho de defensa, uso abusivo de la prisión provisional, penas severas en causas políticas y represalias contra abogados.
Este contexto se enmarca en años de juicios masivos contra manifestantes y en la cifra de más de 1,250 presos políticos documentados en Cuba por la ONG Prisoners Defenders.
Cires presentó una hoja de ruta articulada en tres pilares: independencia y marco legal, evaluación y depuración —o lustración—, y renovación y eficiencia del sistema.
Propuso crear una comisión integrada por juristas de prestigio y actores de la sociedad civil para realizar una revisión exhaustiva de los jueces actuales y los candidatos a ingresar al sistema, basada en criterios de no participación en la represión, idoneidad, ética y ausencia de vínculos con el crimen organizado.
También planteó conservar a quienes hayan trabajado en áreas civiles, familiares o laborales sin implicación en causas políticas, y convocar a juristas cubanos graduados residentes en el extranjero para fortalecer el sistema durante la transición.
«La transición deberá evitar dos riesgos: el colapso del sistema judicial y la judicialización innecesaria de todos los problemas de la transición. No todo conflicto tendrá que llegar a los tribunales», advirtió Cires, subrayando que la reconstrucción de la independencia judicial será una condición indispensable para cualquier proceso de transición democrática en Cuba.
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