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El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a 145 organizaciones sin ánimo de lucro pro-Cuba que declaran ingresos conjuntos de aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales, por presuntamente coordinar actividades políticas con funcionarios del Gobierno cubano sin registrarse como agentes extranjeros.
La investigación, que también involucra al Departamento del Tesoro, examina si un diplomático cubano dirigió campañas de presión, mensajería y organización en todo el territorio estadounidense, en posible violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), norma de 1938 que exige transparencia a quienes actúan bajo dirección de un gobierno foráneo para fines políticos.
El detonante inmediato fue la imputación de Raúl Castro: apenas nueve minutos después de que el fiscal general Todd Blanche anunciara los cargos penales contra el exlíder cubano, ya estaba activa una «red de respuesta rápida» en todo el país para movilizar apoyo a Castro y al Partido Comunista de Cuba.
Esa coordinación casi instantánea es considerada por los investigadores como un posible indicador de dirección extranjera sobre las actividades políticas de estos grupos en suelo estadounidense.
Entre los grupos más visibles figura CODEPINK, organización conocida por sus campañas contra el embargo y por organizar delegaciones de viaje a la isla, cuyos integrantes han aparecido en aeropuertos con carteles de «Cuba mi amor» y «Abajo el bloqueo».
Fox News identifica también a People's Forum, BreakThrough News, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation y Tricontinental como parte de la red investigada.
Según el reporte, el empresario tecnológico Neville Roy Singham, radicado en Shanghái, habría canalizado entre 278 y 285 millones de dólares a esta red desde 2017. The People's Forum habría recibido 22,5 millones de dólares bajo investigación y comprado un edificio en Manhattan por 5,15 millones de dólares.
Además de las 145 organizaciones, los investigadores revisan a unas 40 personas estadounidenses que presuntamente colaboraron con funcionarios cubanos para transportar suministros a Cuba en convoyes y flotillas.
La investigación surge directamente del contexto de la imputación formal contra Raúl Castro, de 94 años, anunciada el pasado martes en Miami.
Los cargos incluyen conspiración para matar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.
Las cuatro víctimas fueron Carlos Alberto Costa, Armando Alejandre Jr., Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.
La Embajada de Cuba en Washington rechazó las acusaciones y afirmó que sus diplomáticos actúan conforme al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, mientras el régimen calificó el caso de «acción política sin basamento jurídico».
Fox News Digital señala que su reportaje de hoy es la primera entrega de una serie sobre las alegaciones de que el Gobierno cubano construyó una red de influencia dentro de Estados Unidos que las autoridades federales investigan ahora.
De ser condenado por los cargos más graves, Raúl Castro podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua, en lo que representa la acción judicial más contundente de Washington contra la cúpula del régimen cubano en décadas.
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