¿Qué hacer con los jueces cubanos tras el cambio? La propuesta de Yaxis Cires

El abogado cubano Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), propone que el poder judicial cubano sea sometido a un proceso de «lustración» —o «desinfección política», en sus propias palabras— como condición indispensable para reconstruir la justicia durante una futura transición democrática en la isla.

Cires expuso su propuesta en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, en la que analizó los desafíos concretos de depurar y reorganizar un sistema judicial que, según él, ha funcionado durante décadas como instrumento de represión política.

«Primero el poder judicial debe ser lustrado por completo. Debe ser la palabra limpiado, pero debe ser lustrado», afirmó el abogado democristiano, residente en Panamá. «Yo creo que pega mejor desinfectado. Políticamente, políticamente, políticamente desinfectado», añadió, dejando claro que la regla general es inapelable: «No puede haber jueces implicados en la represión. No puede haber jueces implicados en las violaciones de los derechos humanos».

Cires estima que el poder judicial cubano cuenta con en torno a 900 jueces en total, aunque advierte que la cifra real actual es menor. «El poder judicial en Cuba calculamos que tiene en torno a 900 jueces, aunque ahora hay menos porque hay una estampida», explicó, señalando que muchos han renunciado y emigrado a Europa, Estados Unidos y otros países. Calcula que en este momento habría entre 700 y 800 jueces activos.

Ese dato plantea un dilema central para cualquier proceso de transición: la combinación de depuración obligatoria y emigración voluntaria puede dejar al sistema sin personal suficiente desde el primer día. «Entre la lustración y la estampida de funcionarios vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque necesitamos jueces. ¿Y tú, para cuándo? Para mañana mismo, porque el orden público no puede pararse», advirtió Cires.

Para resolver ese dilema, el abogado propone un criterio pragmático. Estima que aproximadamente el 30% de los jueces actuales —especialmente los que han trabajado en ramas civil, de familia y laboral— podrían no haber estado implicados en actos de represión y, por tanto, podrían mantenerse en sus cargos.

Cires también aclara que el criterio de depuración no debe ser la mera pertenencia a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). «No nos vamos a poner tan exquisitos porque... ¿pero fueron miembros de CDR? Bueno, como media Cuba fue miembro del CDR. Bueno, media Cuba no, es el noventa y nueve por ciento», señaló. El propio Cires apuntó que él no fue miembro del CDR «porque a mí me expulsaron de la universidad, de mi trabajo, precisamente por no ser miembro de CDR», pero reconoció que esa no puede ser la vara de medida general. «En el ámbito de justicia lo principal es no haber cometido actos de represión», subrayó.

La propuesta se enmarca en el informe «La ausencia de independencia judicial en Cuba: Elementos formales y prácticos», presentado por el OCDH en Madrid el pasado 20 de mayo, elaborado con testimonios de exjuezas cubanas cuyos rostros y voces fueron difuminados por razones de seguridad. El documento documenta cómo el Artículo 5 de la Constitución cubana subordina formalmente el poder judicial al Partido Comunista, y cómo los informes de la Seguridad del Estado tienen peso determinante en la selección de jueces.

El fenómeno de jueces cubanos emigrados ya tiene casos concretos: Estados Unidos negó el asilo a la exjueza Melody González Pedraza en mayo de 2025 por su presunta implicación en procesos judiciales arbitrarios, ilustrando la complejidad del debate sobre responsabilidad judicial en el exilio.

«Devolver la confianza en la justicia nos va a costar muchísimo trabajo», resumió Tania Costa al cierre de la conversación.