Amplían autoridad de ICE para combatir el fraude en solicitudes de asilo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una directiva que instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a reforzar las acciones contra las solicitudes de asilo fraudulentas, y a tomar medidas directas contra los abogados de inmigración que presenten reclamaciones falsas ante los tribunales.

La directiva, firmada por el Consejero General del DHS, James Percival, ordena a los abogados de ICE desarrollar políticas antifraude que refuercen la aplicación del 8 U.S.C. § 1324c(d), la ley federal que establece sanciones civiles por fraude de documentos en el sistema migratorio.

La medida no crea nuevas penalidades, sino que amplía la autoridad de los abogados de ICE para actuar con mayor autonomía, sin depender exclusivamente de los jueces de inmigración o de fiscales penales.

Bajo la ley vigente, las sanciones civiles van de $250 a $2,000 por documento en una primera violación, y de $2,000 a $5,000 en casos de reincidencia.

Para los abogados, un hallazgo de fraude puede derivar en referidos a autoridades disciplinarias y en la suspensión o expulsión del ejercicio ante los tribunales de inmigración.

En casos graves, también se contempla la posibilidad de cargos penales.

Percival justificó la medida con un señalamiento directo al gremio legal: "Durante muchos años, millones de extranjeros ilegales han cometido fraude en nuestro sistema migratorio. No hay lugar donde esto sea más rampante que en los tribunales de inmigración. Es práctica estándar para los abogados de inmigración que representan a extranjeros ilegales afirmar que prácticamente todos serán perseguidos o torturados en su país de origen".

El funcionario añadió que, gracias a la nueva directiva, "los abogados de ICE tienen mayor autoridad para hacer cumplir la ley y detener el abuso de nuestro sistema de asilo por parte de extranjeros ilegales y abogados".

La directiva se enmarca en una política más amplia de la administración Trump.

En marzo de 2025, el presidente emitió un memorando presidencial en el que acusó al gremio de abogados de inmigración y a los grandes bufetes con prácticas pro bono de "frecuentemente aconsejar a sus clientes a ocultar su pasado o mentir sobre sus circunstancias al presentar sus solicitudes de asilo, en un intento de eludir las políticas migratorias".

Ese memorando también ordenó al Fiscal General buscar sanciones contra abogados y firmas que presenten litigios frívolos contra el gobierno, con revisión de hasta ocho años de conducta previa.

La nueva directiva se suma a otras medidas recientes del DHS.

En diciembre, USCIS creó una nueva unidad de verificación de antecedentes con sede en Atlanta para revisar solicitudes pendientes y aprobadas, priorizando países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba.

En febrero pasado, el DHS publicó en el Registro Federal una norma propuesta para reformar la autorización de empleo de solicitantes de asilo, que incluye extender el período de espera de 180 a 365 días, con el objetivo declarado de reducir solicitudes fraudulentas o frívolas.

En abril, el gobierno Trump ordenó una pausa en trámites migratorios que generó retrasos masivos y afectó especialmente a cubanos y nacionales de países incluidos en la lista de veto migratorio.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) reaccionó con alarma, publicando recursos para ayudar a sus miembros a proteger su práctica profesional ante posibles acusaciones de fraude.

La organización señaló que el anuncio acusa a los abogados de inmigración de "aconsejar regularmente a sus clientes a ocultar información y mentir para obtener asilo".

El precedente más reciente de este tipo de persecución ocurrió en marzo de 2025, cuando una asistente legal en Miami fue acusada por presentar una solicitud de asilo fraudulenta ante USCIS, delito que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión.