Más de 50 padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo han sido detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde que la administración Trump retomó el poder en enero de 2025, según un reporte de la Associated Press publicado este jueves.
Los uniformados afectados, en su mayoría hispanos, dicen sentirse traicionados por un gobierno que al mismo tiempo usa la promesa de beneficios migratorios para atraer reclutas latinos.
De acuerdo con el reporte de AP, al menos seis de esos familiares ya han sido deportados y al menos ocho permanecían en custodia federal de inmigración al momento de la publicación.
La agencia advierte que el número real de afectados probablemente supera los 51 casos identificados, dado que ICE no lleva un conteo separado de familiares de militares en servicio activo.
La contradicción que alimenta el malestar es clara: reclutadores militares —especialmente del Cuerpo de Marines— promovieron activamente entre 2025 y 2026 el programa de Parole in Place (PIP) como incentivo para que inmigrantes latinos se enlistaran, sugiriendo que sus familias quedarían protegidas de la deportación.
Sin embargo, el 10 de abril de 2025, ICE revocó formalmente la directriz que consideraba el servicio militar como un factor mitigante en las decisiones de aplicación migratoria.
La nueva norma es explícita: «el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de EE.UU.»
El Cuerpo de Marines, al ser cuestionado, ordenó a sus reclutadores retirar las publicaciones sobre el PIP y aclaró que ese programa «es administrado por USCIS, no por el Departamento de Defensa, y no es una política del Cuerpo de Marines ni un beneficio de alistamiento».
Entre los casos más documentados figura el de Deisy Rivera Ortega, esposa del sargento de primera clase José Serrano, militar con 27 años de servicio activo.
Rivera Ortega fue arrestada por ICE en abril durante una cita migratoria rutinaria en El Paso, Texas, mientras tramitaba precisamente su Parole in Place. ICE primero prometió liberarla y luego se retractó, anunciando su deportación; la familia respondió con una petición de habeas corpus ante un tribunal federal.
Otro caso anterior es el de Shirly Guardado, esposa de un sargento del Ejército, deportada a Honduras en junio de 2025 tras pasar 11 semanas detenida mientras también tramitaba el PIP.
A esa lista se suma Tirso Alonso, padre del marine Christopher Alonso, de 19 años. Alonso fue detenido por ICE en West Palm Beach mientras se dirigía a la iglesia, en el momento en que su hijo se encontraba en una base militar en Carolina del Sur.
La paradoja que atraviesa todos estos casos es la misma: personas que acudían a citas migratorias para regularizar su situación por la vía legal terminaban arrestadas en el acto, precisamente por cumplir con el proceso.
Según datos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proporcionó al Senado, entre el 20 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2026, ICE inició procedimientos de deportación contra 282 personas que eran ex militares o familiares inmediatos de militares.
Legisladores demócratas, entre ellos la senadora Elizabeth Warren y la congresista Houlahan, han enviado cartas formales a DHS y al Departamento de Defensa exigiendo explicaciones y la suspensión de estas deportaciones.
Un análisis publicado por Military Times señala que el estrés migratorio que enfrentan estos soldados representa un problema de preparación operativa que el Pentágono aún no mide ni reconoce formalmente.
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