Miami-Dade cancela más de 4,700 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad

El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció el viernes que su oficina ha cancelado 4,707 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad tras auditar un total de 40,992 credenciales, en el marco de una ofensiva contra el fraude y el abuso del sistema.

La auditoría, que abarca todas las solicitudes de permisos permanentes y temporales emitidas en los últimos 24 meses, apunta a credenciales vinculadas a personas fallecidas, solicitudes potencialmente fraudulentas, formularios incompletos o presentados de manera incorrecta, y otras discrepancias.

«Después de revisar más de 40,000 permisos, una cosa está clara: este sistema necesitaba una depuración seria», declaró Fernández en un comunicado. «Cancelar 4,707 permisos no es un trámite administrativo. Significa que miles de permisos que no debieron permanecer activos están siendo retirados de circulación».

Los casos con presunto fraude podrían ser remitidos a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para posibles acciones penales.

Fernández subrayó que el objetivo central de la medida es proteger a quienes realmente dependen de estos permisos.

«Cuando un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad se emite o se mantiene activo con base en información incorrecta, quienes pagan el precio son los residentes que realmente necesitan acceso», afirmó.

«Esta auditoría busca proteger a esos residentes, fortalecer la integridad del sistema y asegurar que estos permisos queden reservados para las personas a las que fueron creados para ayudar», subrayó.

La iniciativa fue lanzada en diciembre de 2025 con una política de tolerancia cero y se planteó como la auditoría más exhaustiva jamás realizada en el condado.

Desde entonces, los resultados han avanzado de forma progresiva: en marzo de 2026, con 27,000 solicitudes revisadas, ya se habían cancelado más de 1,400 permisos; en abril, tras revisar más de 33,000, la cifra superó los 2,000.

El anuncio de esta semana eleva el total a 4,707 cancelaciones sobre 40,992 permisos auditados, lo que representa aproximadamente el 11.5 % del total revisado.

Bajo la ley de Florida, presentar información falsa para obtener un permiso de discapacidad constituye un delito menor de primer grado, sancionable con hasta un año de cárcel, una multa de $1,000 o ambas penas.

Usar el permiso de otra persona puede acarrear una multa de $500 y también constituye un delito menor, mientras que una condena previa por fraude puede resultar en una prohibición de cuatro años para solicitar un nuevo permiso.

El historial de abusos en el condado no es nuevo.

En septiembre de 2022, la Fiscalía de Miami-Dade procesó a una mujer de 26 años por presuntamente vender solicitudes de permisos con firmas de médicos falsificadas a $200 cada una, lo que evidenció la existencia de redes organizadas de fraude.

Fernández advirtió desde el inicio de la auditoría masiva contra permisos fraudulentos que el abuso generalizado ha perjudicado especialmente a personas mayores, veteranos y residentes con discapacidades de movilidad legítimas.

El recaudador indicó que la revisión continúa y que más permisos podrían requerir medidas adicionales en las próximas semanas.