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La reacción del régimen cubano a la acusación formal presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate está revelando algo más interesante que la propia defensa del exdictador.
Lo verdaderamente novedoso es el lenguaje escogido para articular esa defensa.
Durante décadas, la narrativa oficial sobre los hechos del 24 de febrero de 1996 se apoyó en argumentos políticos previsibles: la defensa de la soberanía nacional, las provocaciones del exilio cubano, las actividades de José Basulto y la hostilidad de Washington hacia La Habana.
Sin embargo, los dos programas recientes de La Bitácora Nocturna, transmitidos por el programa Razones de Cuba —conducido por el presentador Humberto López y dirigido por la Contrainteligencia del régimen—, muestran un cambio de registro llamativo.
Ya no se trata únicamente de consignas políticas.
Ahora aparecen términos como "investigación forense", "metodología científica", "cinemática", "análisis de coordenadas", "auditoría pericial", "datos radar", "imágenes satelitales", "evidencia", "jurisdicción", "cadena de custodia" y "expedientes clasificados".
Más que una pieza de propaganda tradicional, el programa parece un intento de presentar una defensa técnica y jurídica de Raúl Castro.
Una defensa que habla como un perito
La novedad salta a la vista desde los primeros minutos.
El conductor del programa presenta al invitado principal como un "investigador independiente" (un tal Santiago Montez) que habría elaborado "el primer informe forense riguroso sobre este caso", aplicando la metodología del Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el estándar utilizado internacionalmente para investigar accidentes e incidentes de aviación.
A partir de ahí, toda la puesta en escena abandona el lenguaje habitual de la propaganda política.
No se habla de heroísmo revolucionario ni de agresiones imperialistas. Se habla de cálculos, márgenes de error, velocidad de aeronaves, corrientes marinas, óptica, documentación procesal y procedimientos de investigación.
"Nada de política: datos, cálculos y fuentes primarias verificables", afirma el programa al inicio.
La frase resulta especialmente llamativa tratándose de un espacio concebido precisamente para defender las posiciones políticas del régimen.
La ciencia como nueva autoridad
Otro aspecto significativo es el desplazamiento de la fuente de autoridad.
Tradicionalmente, la narrativa oficial cubana fundamentaba su legitimidad en la historia de la llamada "revolución", la soberanía nacional o la autoridad política de sus dirigentes.
En esta ocasión, la autoridad se presenta como científica. "La física no admite otra lectura", afirma el supuesto investigador al defender su reconstrucción de los hechos.
No es un detalle menor.
La intención parece ser trasladar la discusión desde el terreno ideológico hacia el terreno técnico, donde las conclusiones aparecen revestidas de una apariencia de objetividad difícil de cuestionar para el público general.
El problema de invocar a la OACI para cuestionar a la OACI
Quizá la contradicción más interesante del programa aparezca en su relación con la Organización de Aviación Civil Internacional.
Durante toda la emisión se insiste en que el análisis utiliza la metodología de la OACI porque constituye el estándar internacional más prestigioso en materia de investigación aeronáutica.
Sin embargo, esa misma metodología se utiliza para cuestionar una de las principales conclusiones alcanzadas por la propia OACI en 1996.
El organismo internacional concluyó entonces que los derribos ocurrieron en espacio aéreo internacional y no dentro de las doce millas náuticas de soberanía cubana.
Razones de Cuba sostiene ahora que los datos físicos respaldan precisamente lo contrario.
En otras palabras, el programa invoca la autoridad técnica de la OACI para desacreditar una de las conclusiones más importantes alcanzadas por la OACI.
El investigador que sostiene toda la tesis
Otro elemento llamativo es la centralidad de la figura del supuesto investigador independiente. Gran parte de la pretendida credibilidad del programa descansa sobre esa figura.
Sin embargo, el espacio no ofrece información detallada sobre su trayectoria profesional, publicaciones académicas, experiencia acreditada en investigación aeronáutica o vínculos institucionales.
La cuestión no es menor.
Si el objetivo consiste en presentar una revisión técnica de una investigación internacional realizada hace tres décadas, la identidad, experiencia y credenciales de quien impulsa esa revisión pasan a ser relevantes para evaluar el peso de sus conclusiones.
El riesgo de entrar en el terreno de las pruebas
La estrategia escogida por Razones de Cuba tiene además una consecuencia inevitable.
Cuando se exige la desclasificación de radares estadounidenses, imágenes satelitales norteamericanas y documentos del Pentágono, surge una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con los archivos cubanos?
El programa reclama transparencia a Washington, pero no formula ninguna petición similar respecto a los documentos conservados por el propio Estado cubano.
Si la búsqueda de la verdad exige acceder a toda la información disponible, también sería razonable conocer:
- Los registros completos de radar de las estaciones cubanas.
- Las comunicaciones entre los pilotos de los MiG y los centros de mando.
- Las órdenes operativas emitidas aquel día.
- La documentación interna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias relacionada con la operación.
- Los registros de la cadena de mando que condujo al derribo.
La transparencia, para ser creíble, debería funcionar en ambas direcciones.
El ejemplo soviético y los límites de la soberanía
La segunda parte de la publicación intenta reforzar su argumentación recurriendo al derribo del vuelo KAL 007 de Korean Air Lines por la Unión Soviética en 1983.
Según Razones de Cuba, Ronald Reagan condenó aquel hecho, pero nunca intentó sentar en el banquillo a los dirigentes soviéticos.
A partir de ahí, el programa sugiere que la acusación contra Raúl Castro carecería de legitimidad jurídica. Sin embargo, el argumento deja fuera una parte importante de la evolución posterior del derecho internacional.
Casos como el vuelo Iran Air 655, derribado por fuerzas estadounidenses en 1988, o el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, destruido sobre Ucrania en 2014, muestran una tendencia creciente a investigar responsabilidades concretas cuando una acción estatal provoca la muerte de civiles.
La discusión moderna ya no suele limitarse a determinar si hubo una violación del espacio aéreo. Las preguntas son otras: quién tomó la decisión, qué información tenía disponible, qué alternativas existían y si la respuesta fue proporcional.
La mera invocación de la soberanía nacional ya no cierra automáticamente el debate.
Una respuesta pensada para la historia
Más allá de la polémica jurídica, Razones de Cuba parece perseguir un objetivo más amplio.
Raúl Castro enfrenta hoy la primera acusación penal de gran repercusión internacional dirigida directamente contra él por los hechos de 1996.
La Habana sabe que el proceso probablemente tendrá una dimensión histórica mucho más importante que sus consecuencias prácticas inmediatas.
Por eso la nueva estrategia parece orientada a instalar una idea concreta: que la acusación se construye sobre pruebas incompletas, documentos ocultos y conclusiones discutibles.
No se trata tanto de demostrar de forma concluyente la inocencia de Raúl Castro como de sembrar dudas sobre la solidez de la acusación.
Es una defensa más sofisticada que las utilizadas tradicionalmente por la propaganda oficial. También es más arriesgada.
Porque una vez que se abandona el terreno de las consignas y se entra en el terreno de las pruebas, las preguntas dejan de circular en una sola dirección. Además, si tan convencidos están de sus pruebas, argumentos y de su inocencia, la lógica indica que lo recomendable sea presentarlos ante un juez.
Razones de Cuba exige abrir los archivos de Washington pero termina invitando inevitablemente a preguntar qué información sigue guardada en los archivos de La Habana y, sobre todo, a demostrar en el estrado la inocencia del exdictador.
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