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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó en una entrevista con el medio español elDiario.es que las cadenas hoteleras Meliá e Iberostar abandonan Cuba «en contra de su voluntad», atribuyendo su salida exclusivamente a las presiones derivadas de las sanciones secundarias impuestas por la administración Trump el pasado 1 de mayo.
La entrevista, concedida el 4 de junio en La Habana, se produce en el marco del vencimiento del plazo fijado por Washington para que las empresas extranjeras cortaran sus vínculos con GAESA, el conglomerado militar del régimen cubano que controla el turismo a través de su filial Gaviota. Ese plazo venció este viernes, dejando a la isla sin sus principales operadores hoteleros extranjeros.
«Se están yendo en contra de su voluntad. De la misma manera que ellos han podido desarrollar sus negocios en Cuba, también han traído un aprendizaje para las partes cubanas del turismo», declaró Díaz-Canel, quien reconoció el valor histórico de ambas cadenas y anticipó que «habrá hoteles que tendremos que operar hoy más con administración cubana que con administración compartida con entidades extranjeras».
Meliá Hotels International, la mayor operadora extranjera en la isla con unos 33 hoteles y 14,000 habitaciones, anunció el cese inmediato de operaciones en 15 establecimientos, tras registrar pérdidas de cuatro millones de euros en 2024 y una ocupación media del 34,1% en el primer trimestre de 2026. Iberostar confirmó la salida de 12 de sus 18 hoteles vinculados a Gaviota/GAESA, incluyendo el Selection La Habana, el edificio hotelero más alto de Cuba, inaugurado en marzo de 2025 con una inversión de 200 millones de dólares.
La cascada de abandonos no se limitó a las cadenas españolas. La canadiense Blue Diamond Resorts retiró 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones con efecto desde el 30 de mayo, y Archipelago International retiró sus seis hoteles bajo la marca Aston en La Habana, Varadero, Cayo Coco y Holguín.
Díaz-Canel enmarcó estos abandonos dentro de lo que describió como una estrategia deliberada de Washington: «Lo que tiende es a buscar la asfixia para que haya ruptura en el seno de la sociedad cubana, para que haya un estallido social, para que haya un pretexto para intervenir».
El mandatario cubano también exigió una respuesta de Madrid y Bruselas ante la situación: «La UE y España tienen que proteger a su empresariado y a sus ciudadanos. No pueden permitir que les impongan leyes extraterritoriales desde otro país».
La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, introdujo sanciones secundarias aplicables a empresas de cualquier país del mundo que mantuvieran vínculos con GAESA. El 4 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) amplió el cerco bloqueando formalmente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y añadiendo a la lista de nacionales especialmente designados al propio Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis.
Díaz-Canel describió además una situación humanitaria crítica en la isla: una lista de espera quirúrgica de más de 100,000 pacientes, entre ellos más de 12,000 niños, y el 67% del cuadro básico de medicamentos sin disponibilidad para la población, todo ello agravado por apagones generalizados provocados por la escasez de combustible.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha sostenido que «el objetivo último de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento» del régimen cubano.
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