Piden hasta 10 años de cárcel para tres mujeres que protestaron por los apagones en Santiago de Cuba

El Tribunal Municipal de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, dejó concluso para sentencia el juicio contra tres activistas de Palmarito de Cauto que participaron en una protesta de cacerolazos contra los apagones en noviembre de 2024, con peticiones fiscales de hasta 10 años de prisión.

De acuerdo con información de Martí Noticias, las acusadas son Mileidis Maceo Quiñones, Edilkis León Giraudis y Oneida Quiñones, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que llevan más de 18 meses detenidas desde sus arrestos.

La vista oral se celebró el pasado viernes 5 de junio, pero la sentencia no se conocerá antes del 1 de julio, según informó el propio tribunal, lo que prolonga la incertidumbre de las acusadas y sus familias.

La Fiscalía solicitó 10 años de privación de libertad para Mileidis Maceo Quiñones por el supuesto delito de atentado; ocho años para Edilkis León Giraudis y cinco años para Oneida Quiñones, ambas por presuntos desórdenes públicos y daños.

En mayo, cuando se conoció la petición fiscal inicial, la cifra reportada para Maceo era de 13 años; la reducción a 10 años en el juicio oral podría responder a una modificación de cargos entre la acusación preliminar y el proceso definitivo.

Maceo y León permanecen recluidas en la prisión de mujeres de la provincia de Santiago de Cuba desde el 4 de diciembre de 2024, cuando fueron trasladadas desde los calabozos de la Unidad Policial de Mella tras 19 días de detención.

Oneida Quiñones, quien padece una discapacidad física —le falta una mano—, además de diabetes, hipertensión y asma crónica, cumple prisión domiciliaria como medida cautelar.

Las tres fueron arrestadas tras la protesta del 15 de noviembre de 2024, cuando cientos de residentes de Palmarito de Cauto salieron a las calles haciendo sonar calderos para exigir la restitución del servicio eléctrico.

Mileidis Maceo y Edilkis León, antiguas integrantes de las Damas de Blanco, continúan vinculadas a la UNPACU, una de las organizaciones opositoras más reprimidas del país.

La opositora Maidolis Oribe, coterránea de las presas y activista con un historial documentado de más de 100 detenciones, advirtió que el régimen no rebajará las condenas.

«De la forma que, durante todos estos años, yo he luchado y sé cómo actúa la Seguridad del Estado, a ellas no les van a bajar su sentencia. Con Oneida, por ser una persona enferma, que ellos no creen en eso, puede ser que valoren que es una persona discapacitada, que le falta una mano, que es diabética, que es hipertensa, que es asmática crónica, pero sobre Mileidis y Edilkis, no le quitarán nada por la postura que siempre han llevado como activistas», declaró Oribe.

Sobre la crisis eléctrica que motivó la protesta, Oribe fue contundente: «Tampoco van a arreglar la situación que se está volviendo más dura, ya es una hora de luz eléctrica lo que dan y esto es criminal. Hay que estar aquí adentro para ver que de verdad esto es un campo de concentración nazi. Aquí las personas que siempre fueron activas, personas que han tenido una masa corporal, parecen unos indigentes y no llegan ni a 100 libras».

El caso se inscribe en un patrón sistemático de criminalización de la protesta: en Encrucijada (Villa Clara), seis ciudadanos que protestaron contra los apagones el 7 de noviembre de 2024 recibieron condenas de hasta ocho años; en Bayamo, 15 manifestantes de las protestas de marzo de 2024 recibieron penas de entre tres y nueve años en septiembre de 2025.