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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla felicitó este martes a los juristas cubanos con motivo de su Día (8 de junio), elogiando a quienes «desde el Derecho defienden la justicia, la legalidad socialista y los intereses de nuestro pueblo».
En un mensaje publicado en X, el ministro de Relaciones Exteriores destacó especialmente a los juristas que trabajan en el MINREX y afirmó que «su ética, preparación y lealtad a la Patria contribuyen cada día a la solidez institucional y al ejercicio pleno de nuestra soberanía».
Las palabras de Rodríguez Parrilla contrastan con una realidad documentada por múltiples organizaciones internacionales: la de un sistema judicial estructuralmente subordinado al poder político del régimen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su Informe Anual 2024 que en Cuba persiste la «subordinación de la administración de justicia al poder político», una característica estructural que no es nueva sino constitucional.
La Constitución cubana de 2019 consagra la irreversibilidad del modelo socialista y subordina los tribunales jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, lo que impide de facto que cualquier juez declare inconstitucional una ley.
Esa arquitectura institucional ha servido históricamente como herramienta de represión política.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el sistema judicial procesó a miles de cubanos en condiciones denunciadas internacionalmente: algunos manifestantes fueron juzgados por tribunales militares y las condenas alcanzaron hasta 22 años de prisión.
La organización Prisoners Defenders (PD) calificó la acción de la llamada "justicia revolucionaria" como "crímenes de lesa humanidad". En ese sentido, documentó al menos seis patrones de violaciones en esos procesos, incluyendo ausencia de juez independiente e irregularidades procesales, y describió al sistema judicial cubano como «dependiente del Partido Comunista de Cuba» y «parcializado a favor de éste».
Al cierre de abril de 2026, la misma organización contabilizaba 1,250 presos políticos y de conciencia en Cuba, con 738 en prisión efectiva.
La otra cara de esa «legalidad socialista» es la impunidad que el sistema garantiza a las entidades del régimen cuando son responsables de tragedias.
La explosión del Hotel Saratoga el 6 de mayo de 2022 dejó 47 muertos y 99 heridos en La Habana. El hotel era administrado por GAESA, el conglomerado empresarial militar cubano.
Cuatro años después, no existe ningún juicio público ni condenas transparentes contra los responsables, y GAESA respondió que el caso «no le competía» cuando las familias afectadas reclamaron información.
El incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, iniciado el 5 de agosto de 2022, dejó 17 muertos y 125 lesionados, entre ellos adolescentes del Servicio Militar Obligatorio. El director de CUPET fue simplemente reubicado como viceministro, sin que se conociera proceso judicial alguno.
Este patrón no es reciente. A 23 años de la Primavera Negra de 2003, cuando 75 opositores pacíficos fueron arrestados, juzgados sumariamente y condenados a largas penas, el sistema judicial cubano sigue siendo, según sus críticos, un instrumento al servicio del poder y no de los ciudadanos.
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