Corte Suprema Masónica de Cuba expulsa a ocho miembros por traición, fraude y malversación de fondos

La Corte Suprema Masónica de Cuba expulsó a ocho miembros por traición, fraude y malversación en una crisis que involucra al Ministerio de Justicia del régimen.



Logia Masónica © Captura de pantalla
Logia Masónica Foto © Captura de pantalla

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La Corte Suprema de Justicia Masónica de Cuba expulsó definitivamente a ocho miembros de la Orden por delitos que incluyen «traición a la Fraternidad y sus Instituciones», abuso, fraude, malversación de fondos y participación en lo que el fallo califica como un golpe de Estado interno. 

El portal de noticias CubaNet informó que la Circular Especial No. 15 de la Gran Secretaría, emitida el pasado 5 de junio, confirma la expulsión de ocho miembros de la institución, por estar involucrados en una crisis que tiene su origen en enero de 2024, cuando se denunció el robo de 19,000 dólares de la oficina del entonces Gran Maestro Mario Alberto Urquía Carreño en la sede de la Gran Logia de Cuba (GLC).

Una auditoría posterior reveló que Urquía Carreño y el ex Gran Tesorero Airam Cervera Reigosa habían desfalcado casi 5 millones de pesos a la institución mediante estafa, con manipulación contable y falsificación de facturas.

Ambos figuran entre los ocho expulsados, hallados culpables de «abuso, fraude y malversación de propiedades o caudales masónicos». Urquía Carreño había renunciado al cargo de Gran Maestro en agosto de 2024 tras el escándalo y el rechazo generalizado de la comunidad masónica.

Su sucesor, Mayker Filema Duarte, lejos de resolver la crisis, se negó a convocar elecciones generales para perpetuarse en el poder e implementó una persecución contra los masones que se le oponían, incluidos el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso y el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats.

Tanto Urquía Carreño como Filema Duarte contaron con el respaldo del Ministerio de Justicia cubano durante la crisis.

La gestión de Filema Duarte desembocó en protestas masivas en julio de 2025, cuando decenas de masones forzaron la entrada a la sede de la GLC, ubicada en las calles Belascoaín y Carlos III en La Habana, entonando el Himno de Bayamo y gritando «¡Viva la masonería cubana!» y «¡Viva Cuba!».

La sentencia califica esos hechos como «una asonada golpista que cercenó la democracia electoral» de la Masonería, pero reconoce como «legítima» la intención de quienes intentaban acceder a la sede para restablecer el orden constitucional.

Entre los expulsados también figura Rancell Montero Romero, expresidente de la propia Corte Suprema de Justicia Masónica, quien suspendió a más de un centenar de logias y a decenas de masones, y fue artífice de la expulsión de Viñas Alonso y Santiesteban Prats a inicios de 2025.

Los cargos contra él incluyen «perjurio, desaparición o sustracción maliciosa de documentos, grave abuso en el desempeño de un cargo masónico e infracciones maliciosas acompañadas de culpa grave y de daño posible». Montero Romero figura además como vicepresidente de la Asociación Yoruba de Cuba.

Completan la lista de sancionados Jesús Martínez Frómeta, quien roció alcohol en el rostro de varios compañeros durante los forcejeos de julio de 2025; Igor Larramendi Ador, expresidente de la Comisión de Jurisprudencia y Asuntos Generales; Juan Carlos Yero Ramos, ex Gran Tesorero; y Juliannis Galano Gómez, ex Gran Secretario.

El fallo señala que estos individuos llevaron a la Gran Logia a «un caos sin precedentes».

Las apelaciones presentadas por todos los acusados fueron declaradas «sin lugar». La sentencia advierte que «es preciso desterrar de nuestra masonería simbólica cualquier atisbo de postura dictatorial o aquellas que la secunden, porque ello es una amenaza existencial para la masonería».

El masón Sergio Alfonso Vidal afirmó que la medida «constituye un acto no solo de justicia sino de reparación», y denunció que los expulsados «formaron parte de lo que, sin dudas, fue no solo un cúmulo de ambiciones sino el servicio de hombres caducos a la sombra de un poder político que se sirvió de ellos para perseguir masones dentro de la misma Institución».

La ratificación formal de las expulsiones quedará pendiente hasta la Sesión Semestral de la Alta Cámara de la Gran Logia de Cuba, prevista para septiembre de 2026. Hasta entonces, los ocho implicados permanecen proscritos del ejercicio de cualquier derecho masónico, incluida la asistencia a las sesiones de las logias.

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