Las medidas de Díaz-Canel: muy tarde, muy mal, muy poco

Este viernes 12 de junio, Díaz-Canel apareció ante los micrófonos de la prensa oficialista con un paquete de "reformas económicas" que presentó como una señal de que el régimen está dispuesto a cambiar. "El país no puede seguir funcionando igual", dijo. Tiene razón en el diagnóstico. Pero lo que anunció no es la cura. Es, como tantas veces antes, un analgésico administrado a un paciente que necesita cirugía.

El timing lo dice todo. Estas medidas no se anuncian en un momento de calma reflexiva ni como resultado de una visión de país. Se anuncian días después de que Marco Rubio impusiera nuevas sanciones contra CUPET, la petrolera estatal cubana, y horas después de que el Secretario de Defensa de Estados Unidos hiciera declaraciones desde la Base Naval de Guantánamo. No es reforma. Es reacción.

El patrón de siempre

El regimen en Cuba lleva 65 años repitiendo el mismo ciclo: crisis aguda, anuncio de apertura, mínima concesión controlada, recuperación de oxígeno, cierre de nuevo. Lo vimos en los años 90 con el llamado "período especial". Lo vimos en 2010 con las reformas de Raúl Castro, y durante la "apertura" de Obama. Lo vimos en 2021, cuando la "tarea ordenamiento" que se aplicó a medias y disparó una inflación devastadora porque nunca se hicieron las reformas de fondo que la sostendrían.

Ahora vuelven a abrir un poco la mano. Y lo hacen, como siempre, justo lo suficiente para no colapsar, no para crecer.

Lo que anunciaron y lo que significa

El paquete tiene siete ejes. Vale la pena leerlos con cuidado, porque el diablo está en los detalles que Díaz-Canel no dio.

1. En turismo, el régimen habla de permitir "nuevos actores" para operar el parque hotelero. El trasfondo es que las principales cadenas extranjeras —Meliá, Iberostar— se han retirado total o parcialmente de Cuba para evitar las sanciones estadounidenses. El Estado necesita alguien que opere esos hoteles vacíos. No es apertura. Es un problema de gestión disfrazado de reforma.
2. Las empresas estatales ganarían "autonomía" para exportar e importar directamente, retener parte de las divisas generadas y asociarse con otros actores. En papel suena a descentralización. En la práctica, esa autonomía existe hasta donde el Partido lo permita, y ningún decreto cambia eso.
3. Se eliminarían las importadoras, empresas estatales que intermedian obligatoriamente todo el comercio exterior. Es un reconocimiento implícito de que esas estructuras son un lastre. Pero eliminarlas sin crear un marco legal claro para el comercio privado solo desplaza el cuello de botella.
4. A los agricultores se les prometió acceso directo a insumos, cuentas con respaldo real en efectivo y participación en el mercado cambiario. Cuba importa cerca del 80% de los alimentos que consume siendo una isla fértil. Si esto se aplicara de verdad sería urgente y necesario. Pero el mercado de tierras sigue cerrado: sin propiedad o arrendamiento estable a largo plazo, nadie invierte en el campo.
5. En el sector inmobiliario, Díaz-Canel habló de "nuevas modalidades" y "nuevos actores" sin aportar ningún detalle. Es el anuncio más vacío del paquete.
6. A los cubanos residentes en el exterior se les ofrecen "las mismas condiciones" que a los residentes en la isla para invertir. El problema, como veremos, es que esas condiciones no existen aún en papel legal.
7. Finalmente, los ministerios se reducirán de 27 a 20. Es la medida más concreta del día, y también la más irrelevante para el ciudadano de a pie.

Lo que no se dice

Lo más revelador de las declaraciones de Díaz-Canel no es lo que anunció sino lo que no mencionó.

1. Ninguna medida toca el monopolio que el conglomerado militar GAESA tiene sobre las divisas, el turismo, las importaciones y la distribución. Cualquier "nuevo actor" que entre al mercado cubano chocará contra esa pared. No hay competencia posible cuando el árbitro del juego es también el jugador con más fichas.
2. No hay tipo de cambio unificado y estable que permita a cualquier empresa hacer cuentas reales. No hay acceso a crédito privado. No hay registro de propiedad confiable. En esas condiciones, ningún inversor serio entra. Y los cubanos que emprendan lo hacen sabiendo que lo que el Estado les da hoy puede quitárselo mañana, por decreto, sin compensación ni recurso legal.
3. No hay marco regulatorio estable ni predecible. No hay estadísticas económicas confiables que permitan a nadie —dentro o fuera de la isla— entender en qué estado real está el país.
4. Tampoco hay una sola palabra sobre seguridad jurídica. No se ha anunciado arbitraje internacional vinculante, ni tribunal independiente para disputas entre inversores y el Estado, ni mecanismo de compensación en caso de expropiación o cancelación unilateral de contratos. Cuba tiene un largo historial en todos esos frentes, y nada en el paquete de hoy lo aborda. Cualquier decreto aperturista que no resuelva esto queda literalmente "al aire", sujeto a la voluntad política del momento.
5. El régimen tampoco ha levantado el corralito financiero de facto que pesa sobre las cuentas de empresas extranjeras, ni ha presentado un calendario para normalizar la repatriación de dividendos. No existe un régimen cambiario transparente: con múltiples tasas coexistiendo en medio de alta inflación, nadie puede calcular a qué tipo de cambio convertirá sus utilidades ni si podrá sacarlas del país.
6. El caso del inversor emigrado ilustra bien esta brecha entre discurso y realidad. Díaz-Canel anunció que los cubanos en el exterior tendrán "las mismas condiciones" que los residentes en la isla para invertir. Pero los cambios normativos que harían eso posible —incluyendo modificaciones migratorias asociadas a una hipotética categoría de "inversor residente"— no han aparecido en la Gaceta Oficial. Sin publicación en Gaceta no hay vigencia legal. Es un anuncio sin respaldo jurídico, y nadie ha explicado qué ocurriría con los bienes de un emigrado que entre en conflicto político con el régimen o pierda su estatus migratorio.

El problema de fondo

La economía cubana no está rota por accidente ni exclusivamente por el embargo estadounidense. Está rota por diseño: es el resultado predecible de seis décadas de un sistema que prioriza el control político sobre la creación de riqueza. Reformar eso de verdad no es ajustar algunas regulaciones. Es desmantelar la arquitectura del poder.

Díaz-Canel y el Partido Comunista no quieren hacer eso, ¿aún?. No porque no puedan imaginarlo, sino porque hacerlo significaría ceder el control sobre el que descansa toda su hegemonía. Por eso cada reforma viene con una válvula de cierre: el Estado da, y el Estado puede quitar. Siempre.

Para los cubanos que llevan años sin electricidad estable, sin medicamentos, sin perspectivas, estas medidas llegan demasiado tarde y son demasiado poco. Como siempre.