María Elvira Salazar pide a Seguridad Nacional sacar del limbo a miles de cubanos con I-220A

La congresista republicana María Elvira Salazar envió una carta formal al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, exigiéndole que tome medidas concretas para resolver el limbo migratorio en que se encuentran miles de cubanos que recibieron el formulario I-220A en lugar de un parole, al cruzar la frontera durante la administración Biden.

En la carta publicada en su cuenta de X, Salazar advirtió que ya había planteado este mismo problema a la ex secretaria Kristi Noem «sin recibir respuesta ni acción correctiva alguna», y que la crisis en Cuba hace más urgente que nunca una solución para estas familias.

El núcleo del problema es una inconsistencia sistemática en el procesamiento de migrantes cubanos: mientras unos recibieron parole -que les permite acogerse a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y solicitar la residencia permanente tras un año y un día en EE.UU.- otros, incluso dentro de la misma unidad familiar y bajo circunstancias idénticas, recibieron el formulario I-220A, que no es reconocido como parole y por tanto no les abre esa vía legal.

«En lugar de otorgar parole a los cubanos, lo que les habría permitido beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 tal como el Congreso lo dispuso, muchos fueron liberados bajo una Orden de Libertad bajo Reconocimiento (Formulario I-220A)», señala la misiva.

Esta disparidad ha generado lo que Salazar describe como un sistema de dos niveles dentro de las mismas familias: algunos miembros con camino a la residencia y otros sin él, además de solicitudes de asilo innecesarias que sobrecargan los tribunales de inmigración ya colapsados.

«El I-220A no debería significar limbo legal. Durante años, miles de familias cubanas han vivido en la incertidumbre porque el gobierno trató casos similares de manera diferente. Eso no es justicia, y seguiré luchando hasta que estas familias reciban el trato justo que merecen bajo la ley», declaró la congresista en una pieza gráfica oficial difundida junto a la carta.

Las estimaciones periodísticas sitúan el número total de cubanos afectados por el I-220A en entre 400,000 y 500,000 personas, aunque no existe una cifra oficial pública.

Entre ellos hay profesionales altamente calificados: al menos 300 médicos cubanos con I-220A tienen sus permisos de trabajo congelados en 2026, pese a haber aprobado todos los exámenes de revalidación.

Salazar señala en la carta que una guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de abril pasado eximió a los médicos de las pausas de procesamiento, pero que «no ha habido implementación real de esa guía en Florida» a la fecha de su escrito.

La congresista solicita al Departamento de Seguridad Nacional tres acciones concretas: revisar la posibilidad de otorgar parole-in-place a los cubanos con I-220A que no tengan antecedentes penales; garantizar un trato consistente y justo bajo la Ley de Ajuste Cubano; y restaurar la estabilidad y unidad de las familias cubanas en Miami y en todo el país.

Esta no es la primera vez que Salazar presiona por una solución.

Desde septiembre de 2023 ha enviado cartas y promovido proyectos de ley para regularizar la situación de estos migrantes, sin que ninguna gestión haya producido acción concreta del DHS.

En el frente judicial, el 11.º Circuito de Apelaciones en Atlanta celebró en diciembre de 2025 una audiencia oral sobre el estatus legal del I-220A, pero a la fecha de la carta aún no había emitido fallo definitivo.

Multin, confirmado como Secretario de Seguridad Nacional el 24 de marzo de 2026 en sustitución de Noem, es el nuevo destinatario de las demandas de Salazar, quien no ocultó su frustración ante la falta de respuesta institucional acumulada durante años.