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El régimen cubano anunció este jueves una amplia reforma tributaria que combina nuevas herramientas de recaudación con incentivos dirigidos a empresas e inversionistas, en un intento por aumentar los ingresos fiscales, atraer capital y sostener una economía golpeada por la inflación, la caída de la producción y la escasez de divisas.
La transformación del sistema tributario ocupa un lugar central dentro de las 176 medidas económicas y sociales presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El denominado Eje 12 busca modernizar los mecanismos de recaudación del Estado y, al mismo tiempo, introducir incentivos para estimular la actividad empresarial y la inversión, indicó el reporte del diario oficial Granma.
La medida más relevante es la implementación gradual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), una figura tributaria ampliamente utilizada en economías de mercado y que hasta ahora no existía en Cuba bajo la modalidad acreditable.
De acuerdo con el gobernante Miguel Díaz-Canel, el nuevo esquema permitirá evitar la denominada imposición en cascada mediante mecanismos de crédito fiscal respaldados por sistemas de facturación electrónica.
El IVA comenzará a aplicarse inicialmente en determinadas cadenas de producción y consumo, mientras que los productos incluidos en la canasta básica de bienes y servicios contarán con tipos impositivos reducidos.
La reforma representa un cambio significativo respecto al modelo tributario vigente. Históricamente, Cuba ha operado con impuestos sobre ventas y servicios que gravan cada etapa de la actividad económica, sin permitir la compensación fiscal entre empresas.
Con la introducción del IVA acreditable, el gobierno intenta acercarse a sistemas utilizados internacionalmente y mejorar la trazabilidad de las operaciones comerciales.
La digitalización ocupa otro lugar destacado en el paquete. El régimen implantará la factura electrónica fiscal y ofrecerá incentivos para promover su adopción entre los contribuyentes.
Paralelamente, aplicará bonificaciones al impuesto sobre ventas y servicios en función de los niveles de operaciones bancarizadas, reforzando así la estrategia oficial de reducir el uso del efectivo y aumentar el control sobre las transacciones económicas.
Las autoridades también buscan enviar señales al sector productivo. Entre las medidas anunciadas figura una reducción de la carga fiscal empresarial mediante ajustes en el impuesto sobre utilidades, con el objetivo declarado de aumentar las capacidades de crecimiento e inversión.
El sector agropecuario recibirá además un tratamiento preferencial mediante tipos impositivos reducidos.
Sin embargo, la disminución de algunas cargas tributarias vendrá acompañada de una ampliación de la base imponible. El gobierno eliminará deducciones especiales consideradas injustificadas y establecerá un impuesto sobre ingresos brutos para aquellas empresas que declaren pérdidas durante más de dos ejercicios fiscales consecutivos, una disposición orientada a limitar mecanismos de evasión y planificación fiscal agresiva.
El paquete incorpora además incentivos dirigidos a la inversión productiva. Entre ellos figura un régimen de depreciación acelerada para la adquisición de maquinaria, tecnologías vinculadas a la producción de alimentos y equipamiento industrial, con el propósito de acelerar la recuperación de inversiones y estimular la modernización tecnológica.
Las transformaciones también alcanzan la tributación de las personas naturales. El régimen actualizará el impuesto sobre ingresos personales para adaptarlo al actual escenario inflacionario.
La reforma contempla elevar el mínimo exento hasta el equivalente al salario medio nacional previsto para finales de 2025 y simplificar la escala progresiva mediante la reducción del número de tramos tributarios.
Para los pequeños contribuyentes regresará el régimen simplificado de tributación, dirigido a actividades económicas de menor complejidad.
El sistema incluirá mecanismos automáticos de ajuste según los ingresos anuales declarados y permitirá que la Oficina Nacional de Administración Tributaria concentre sus recursos de control sobre contribuyentes de mayor dimensión económica.
No obstante, la reforma también incorpora incrementos tributarios. El gobierno elevará las cuantías fijas de varios gravámenes, entre ellos el impuesto sobre el transporte terrestre, el impuesto sobre embarcaciones, los impuestos ambientales, el impuesto sobre documentos y la tasa de radicación de anuncios y propaganda comercial.
Asimismo, se rediseñarán tarifas arancelarias para favorecer la producción nacional y facilitar la importación de materias primas, tecnologías y equipamientos destinados a fuentes renovables de energía, sectores considerados prioritarios por las autoridades.
Las medidas llegan en un momento de fuerte presión sobre las finanzas públicas. La Ley 181 del Presupuesto para 2026 prevé un déficit fiscal superior a los 74,000 millones de pesos, mientras la economía enfrenta altos niveles de inflación, caída de la producción y dificultades para generar ingresos externos.
Aunque el régimen presenta la reforma como una modernización tributaria compatible con el modelo socialista, el alcance de los cambios refleja la necesidad de encontrar nuevas fuentes de recaudación y, simultáneamente, ofrecer incentivos que permitan atraer inversiones y recuperar parte de la actividad económica perdida durante los últimos años.
La introducción del IVA, la digitalización fiscal y los incentivos a la inversión constituyen algunos de los cambios más relevantes del paquete económico aprobado.
Sin embargo, su impacto dependerá de la capacidad del gobierno para implementarlos en un contexto marcado por la contracción productiva, la debilidad institucional y la persistente falta de confianza de muchos actores económicos en el futuro de la economía cubana.
Preguntas Frecuentes sobre la Reforma Tributaria y Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce la reforma tributaria en Cuba?
La reforma tributaria en Cuba introduce la implementación gradual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la digitalización fiscal mediante la factura electrónica y ajustes en el impuesto sobre utilidades. También se establecen bonificaciones por operaciones bancarizadas y se incrementan ciertos impuestos como el de transporte terrestre y ambiental. La reforma busca modernizar el sistema tributario para aumentar ingresos y atraer inversiones en un contexto económico complicado.
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¿Cómo afectará la implementación del IVA a la economía cubana?
La implementación del IVA en Cuba se realizará de manera gradual en determinadas cadenas de producción y consumo. El IVA acreditable busca evitar la imposición en cascada y mejorar la trazabilidad de las operaciones comerciales. Los productos de la canasta básica tendrán tipos impositivos reducidos. Se espera que este cambio contribuya a modernizar el sistema tributario cubano y se acerque a estándares internacionales, aunque su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para implementarlo efectivamente.
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¿Qué incentivos ofrece la reforma para atraer inversiones en Cuba?
La reforma ofrece incentivos como un régimen de depreciación acelerada para la adquisición de maquinaria y equipamiento industrial. También se reducen ciertos impuestos para el sector agropecuario y se establecen bonificaciones para promover la adopción de la factura electrónica. Estos incentivos buscan estimular la actividad empresarial, atraer capital extranjero y fomentar la modernización tecnológica en el país.
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¿Qué impacto tendrá la digitalización fiscal en Cuba?
La digitalización fiscal en Cuba implica la implementación de la factura electrónica y la promoción de operaciones bancarizadas. Se espera que este cambio aumente el control sobre las transacciones económicas, reduzca el uso del efectivo y permita una recaudación más eficiente. Sin embargo, su éxito dependerá de la infraestructura tecnológica y la aceptación por parte de los contribuyentes.
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¿Cómo planea el régimen cubano modernizar su economía con las 176 medidas propuestas?
El régimen cubano busca modernizar su economía mediante 176 medidas que incluyen la apertura a la inversión extranjera, la flexibilización de las mipymes, el reconocimiento del crecimiento legítimo de la riqueza privada y la autorización de bancos privados. Estas medidas tienen como objetivo atraer capital, generar ingresos en divisas y revitalizar sectores estratégicos, enfrentando una crisis económica agravada por la inflación y la escasez de divisas.
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