Extranjeros podrán invertir directamente en empresas privadas cubanas

El gobierno cubano anunció este jueves una amplia reforma de su política de inversión extranjera que permitirá la participación directa de capital extranjero en empresas privadas y cooperativas, flexibilizará los mecanismos de contratación laboral y otorgará mayores garantías operativas a los inversionistas, un cambio sustancial dentro del modelo inversionista vigente desde hace décadas.

Las medidas, incluidas en el Eje 14 de las 176 transformaciones económicas y sociales presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, abren por primera vez la posibilidad de que inversionistas extranjeros participen directamente en empresas privadas y cooperativas cubanas mediante empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional, destacó el diario oficial Granma.

La decisión representa un cambio significativo respecto al modelo tradicional, que concentraba la inversión extranjera fundamentalmente en empresas estatales y sectores estratégicos definidos por el gobierno.

Con la reforma, el emergente sector privado podrá acceder formalmente a capital extranjero, tecnología y financiamiento internacional.

El paquete incluye además la ampliación de los derechos otorgados a los inversionistas. El límite para los derechos de superficie se extenderá hasta 99 años, mientras que los derechos de usufructo podrán superar los 50 años, una medida orientada a ofrecer mayor seguridad jurídica a proyectos de largo plazo.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la obligación de contratar trabajadores a través de entidades empleadoras estatales. Durante años, este mecanismo fue uno de los principales cuestionamientos de empresarios extranjeros, ya que impedía la contratación directa de personal y otorgaba al Estado el control sobre la intermediación laboral.

Las nuevas disposiciones también flexibilizan la gestión financiera de los negocios con capital extranjero. Las empresas podrán abrir cuentas bancarias en el exterior sin necesidad de autorización previa, aunque deberán notificar la operación al Banco Central de Cuba y a la Oficina Nacional de Administración Tributaria.

Asimismo, se permitirá que la inversión extranjera disponga libremente de sus ingresos en divisas, opere en el contexto de la creciente dolarización parcial de la economía y acceda al mercado cambiario nacional, uno de los principales reclamos de inversionistas que enfrentan dificultades para repatriar utilidades y gestionar operaciones financieras dentro del país.

La reforma incorpora además medidas destinadas a agilizar los procesos de aprobación. El gobierno promete reducir trámites, documentación y plazos burocráticos, así como descentralizar autorizaciones.

Entre las novedades figura la aplicación del llamado "silencio administrativo positivo", mediante el cual una solicitud podrá considerarse aprobada si la administración no responde dentro del plazo establecido.

Otra de las modificaciones abre nuevos espacios a la inversión en el sector inmobiliario. Los negocios con participación extranjera podrán realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales, mientras que se autorizará la inversión en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales, territorios que hasta ahora estaban sujetos a fuertes restricciones.

Las autoridades presentan estas medidas como parte de una estrategia para recuperar la confianza de los inversionistas internacionales y aumentar los flujos de capital hacia la isla.

La inversión extranjera ha estado muy por debajo de las metas oficiales durante los últimos años, afectada por problemas estructurales de la economía cubana, dificultades para acceder a divisas, retrasos en pagos a proveedores y un entorno regulatorio considerado poco atractivo por numerosos empresarios.

La apertura a empresas privadas y cooperativas constituye uno de los cambios más relevantes desde que comenzó la expansión limitada del sector privado en Cuba.

Sin embargo, el alcance real de la reforma dependerá de su implementación práctica y de la capacidad del gobierno para generar condiciones de estabilidad económica y seguridad jurídica que permitan convertir estos anuncios en inversiones efectivas.

Para una economía que enfrenta escasez de divisas, caída de la producción y deterioro de la infraestructura productiva, la llegada de nuevos capitales se ha convertido en una necesidad urgente.

La cuestión será si estas flexibilizaciones resultan suficientes para revertir años de desconfianza y atraer a inversionistas dispuestos a asumir los riesgos del mercado cubano.