Economista Pedro Monreal sobre lo antiobrero del paquetazo: ¿Y el derecho a huelga y a sindicatos libres?

El economista cubano Pedro Monreal publicó este sábado un análisis demoledor sobre la medida #8 del paquete de 176 reformas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio, calificándola de «antiobrera» y señalando que convierte a los trabajadores de empresas estatales en «corderos del sacrificio».

Monreal, que publica en su perfil «El Estado como tal», centró su crítica en el mecanismo salarial que establece esa medida: los salarios ya no dependerán de la capacidad, la calidad ni la cantidad del trabajo realizado, sino de la «capacidad económica-financiera» de cada empresa, con la iniciativa definitoria en manos de los directivos.

El documento oficial del régimen establece que «los niveles de salario, negociados con los trabajadores y con la participación del Sindicato, dependerán de la capacidad económica-financiera de las empresas». Para Monreal, esa redacción esconde una trampa: «Es un juego con dados cargados: no equilibra los derechos de trabajadores y empleadores dentro de una economía regida por reglas de mercado. Tampoco reconoce al trabajador mecanismos democráticos de contrapeso en el ámbito laboral».

El economista apunta que la medida abandona incluso los principios que el régimen dice defender. «Para el 'socialismo a lo cubano', ya no parece quedar ni gota de la 'Crítica al programa de Gotha', donde Marx formuló aquello de 'de cada cual, según su capacidad; a cada cual, según su trabajo'», escribió, en referencia al texto clásico del marxismo.

La crítica de Monreal va más allá de la política salarial y toca un déficit estructural del sistema cubano: la ausencia de derechos laborales básicos. «Una 'reforma' equilibrada y compatible con la justicia social debe reconocer el derecho a la huelga y a crear sindicatos libres. No hay base en el Derecho Internacional para justificar ese 'olvido' del 'socialismo a lo cubano'», afirmó.

Para respaldar ese argumento, el economista recuerda que Cuba es miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919, y que esa organización considera el derecho a la huelga un corolario esencial de la libertad de asociación. Cuba además ratificó el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical en 1952, comprometiéndose formalmente a garantizar ese derecho.

En la práctica, sin embargo, ese compromiso no existe. En Cuba solo opera la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), organización sindical única subordinada al Partido Comunista. No se permiten sindicatos independientes y el derecho de huelga no está reconocido en la legislación nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado la inexistencia práctica de ese derecho en la Isla.

Monreal también señala una contradicción interna dentro del propio paquete de medidas. Mientras la medida #8 genera condiciones de explotación sobre los trabajadores estatales, la medida #36 del mismo paquete condena expresamente la «explotación indiscriminada». «Probablemente, la postura oficial sea que la explotación derivada de la medida #8 no cuenta como la 'explotación indiscriminada' condenada en la medida #36. Mal asunto cuando quienes mandan se contradicen, engañan y esperan que se les agradezca», escribió el economista.

El análisis de Monreal se produce en el marco de la mayor reforma estructural que el régimen ha anunciado desde el Período Especial de los años 90. El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó el paquete ante la Asamblea Nacional e incluyó medidas como la autorización de banca privada, la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones y la apertura a inversión extranjera. El propio Marrero reconoció ante los diputados que la implementación generará «contradicciones».

La aplicación del paquete requiere modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas. Mientras el régimen presenta las medidas como una apertura histórica, voces críticas como la de Monreal advierten que, sin derechos laborales reales, cualquier reforma económica seguirá cargando sus costos sobre los trabajadores. «La libertad sindical es una extensión de derechos civiles básicos», concluyó el economista en su análisis publicado este sábado en redes sociales.