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Las empresas contratadas para operar el centro de detención migratoria conocido como «Alligator Alcatraz» recibieron este lunes la orden de iniciar la «desmovilización total» de la instalación, poniendo fin definitivo a lo que fue presentado como un experimento de $1,200 millones en política migratoria, según cuatro fuentes citadas por CBS News Miami.
Kevin Guthrie, director de Manejo de Emergencias de Florida, comunicó la decisión durante una conferencia telefónica matutina con los proveedores del centro. Según una de las fuentes, Guthrie esperaba «progreso significativo para el miércoles» en el desmantelamiento del sitio, ubicado en pleno corazón de los Everglades de Florida.
«Todos los proveedores recibieron el aviso», explicó una de las fuentes a CBS News Miami.
El cierre pone fin a una instalación que el gobernador Ron DeSantis y el presidente Donald Trump habían elogiado como modelo replicable para otros estados cuando la inauguraron el 3 de julio de 2025 en el antiguo aeropuerto Dade-Collier Training and Transition, en Ochopee.
Los últimos detenidos abandonaron el recinto la semana del 16 de junio, trasladados a otros centros o deportados a terceros países. Las autoridades federales y estatales justificaron entonces el vaciado por precaución ante el inicio de la temporada de huracanes, y llegaron a sugerir que la instalación permanecería lista para recibir nuevos detenidos.
Sin embargo, según fuentes familiarizadas con el plan, la intención de proceder a la desmovilización completa —retirando cercas, remolques y demás estructuras— existía desde antes.
La causa principal del cierre fue el escalante costo operativo. El gasto total supera los $1,200 millones, con un costo diario estimado en $1.2 millones. Florida solicitó a finales de 2025 un reembolso federal de $608 millones que fue aprobado en principio, pero cuyo desembolso quedó bloqueado por impugnaciones judiciales y preocupaciones ambientales. Solo un primer pago parcial de $58 millones llegó el 1 de junio de 2026.
Al activar las cláusulas de «desmovilización» incluidas en los contratos con los proveedores, el estado deberá además abonar tarifas adicionales que podrían ascender a decenas de millones de dólares. Para muchas de las empresas involucradas, la noticia fue bienvenida, pues varias acumulan millones en pagos pendientes.
El desmantelamiento se estima en aproximadamente una semana. Una vez concluido, el sitio está destinado a reabrir como pequeño aeropuerto de entrenamiento de pilotos.
DeSantis había anticipado el cierre en declaraciones públicas de las últimas semanas. «Si apagamos las luces mañana, podremos decir que cumplió su propósito», afirmó el gobernador durante una conferencia de prensa a principios de junio. Según sus propias cifras, unas 22,000 personas pasaron por la instalación durante su operación.
No obstante, casi el 60% de los detenidos fueron clasificados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como personas sin condenas penales previas, contradiciendo la justificación original con la que se presentó el proyecto.
Desde su apertura, el centro acumuló denuncias sistemáticas de condiciones inhumanas. Amnistía Internacional documentó en diciembre de 2025 hacinamiento de entre 27 y 32 personas por jaula, baños desbordados, agua no potable, iluminación permanente y demoras de hasta 72 horas para recibir atención médica. La organización también describió un área de castigo donde los detenidos eran confinados encadenados de pies y manos a la intemperie.
La comunidad cubana fue especialmente afectada. Según un informe de Human Rights Watch de mayo de 2026, entre enero de 2025 y marzo de 2026 fueron deportados a México 4,353 cubanos, el grupo nacional más numeroso entre los deportados a ese país, muchos de ellos personas mayores con décadas de residencia en Estados Unidos.
«Creo que, cuando todo esté dicho y hecho, se verá como un capítulo oscuro en la historia de los Everglades», advirtió Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.
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