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Apenas cuatro días después de que Washington calificara de "señales de humo superficiales" las 176 reformas económicas aprobadas por el régimen cubano, la administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades clave de la economía controlada por los militares y contra un miembro del entorno familiar de los Castro.
La medida, anunciada este martes por el secretario de Estado Marco Rubio, afecta a cinco entidades cubanas y a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín (conocido como 'El Tuerto'), exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro.
Las nuevas designaciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que autoriza amplias sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba y actividades que Estados Unidos considera una amenaza para su seguridad nacional y política exterior.
En un comunicado, Rubio sostuvo que la situación en la isla "se está deteriorando" mientras el régimen continúa priorizando "su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano".
Tres de las entidades sancionadas están vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y considerado por Washington como el principal sostén económico del régimen.
Entre ellas figura Almacenes Universales S.A. (AUSA), subsidiaria de GAESA que controla el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y opera servicios logísticos, de almacenamiento y transporte.
También fueron sancionadas RAFIN S.A. y Banco Financiero Internacional (BFI), dos instituciones que desempeñan un papel central en la gestión financiera del conglomerado militar.
Según el Departamento de Estado, RAFIN funciona como un componente clave de la administración financiera de GAESA, mientras que BFI gestiona gran parte de las transacciones relacionadas con empresas y entidades extranjeras que operan dentro y fuera de Cuba.
Rubio aseguró que GAESA continúa actuando como "el músculo financiero" detrás del aparato represivo del régimen y acusó al conglomerado de desviar recursos que podrían destinarse a escuelas, plantas eléctricas y otras necesidades básicas de la población.
La nueva ofensiva también alcanza a GeoMinera S.A. y a la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), señaladas por Washington como generadoras de ingresos para el régimen mediante la explotación de los recursos minerales y metálicos del país.
GeoMinera, adscrita al ministerio de Energía y Minas, administra activos minerales no relacionados con el níquel y mantiene proyectos con inversionistas extranjeros. Además, controla Minera La Victoria S.A., entidad que ya había sido sancionada por Estados Unidos a principios de junio.
Por su parte, Antillana de Acero es la principal productora de acero de Cuba y recientemente fue objeto de un proceso de modernización con apoyo de entidades rusas.
El anuncio llega apenas días después de que el Departamento de Estado desestimara las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El pasado viernes, un portavoz de la institución calificó las reformas como "señales de humo superficiales" y afirmó que forman parte de una estrategia habitual del régimen para proyectar una imagen de apertura sin renunciar al control político y económico del país.
Las medidas presentadas por el régimen cubano incluyen propuestas para permitir la banca privada, ampliar la inversión extranjera, flexibilizar el comercio exterior, autorizar la compraventa de acciones y abrir nuevos espacios para el sector privado.
Sin embargo, la nueva ronda de sanciones parece enviar una señal clara de que la administración Trump no considera suficientes esas reformas mientras sectores estratégicos de la economía continúen bajo control de GAESA y del aparato estatal.
Uno de los elementos más significativos del anuncio es la advertencia dirigida a bancos, empresas e inversionistas extranjeros.
Rubio afirmó que cualquier persona o entidad que preste servicios a los actores sancionados corre el riesgo de ser objeto de medidas similares.
"Los bancos extranjeros y otras empresas que prestan servicios a estas entidades deben congelar inmediatamente esas actividades", señaló el secretario de Estado.
El Departamento de Estado añadió que las personas y compañías extranjeras que mantengan operaciones con entidades sancionadas o participen en sectores como los servicios financieros, la minería, la energía, la seguridad o la defensa de la economía cubana también podrían exponerse a sanciones.
La advertencia incrementa la presión sobre potenciales inversionistas y socios comerciales en momentos en que el régimen intenta atraer capital extranjero para aliviar una crisis económica marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos, inflación y una caída sostenida de la producción nacional.
Para Washington, las nuevas sanciones forman parte de una estrategia más amplia destinada a impedir que las estructuras económicas controladas por el poder militar utilicen la apertura anunciada por La Habana para captar recursos financieros sin introducir cambios políticos sustanciales.
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