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La organización independiente Food Monitor Program advirtió que el paquete de 176 medidas económicas aprobado por el régimen cubano podría derivar en un «capitalismo de compinches»: un proceso en el que el patrimonio acumulado bajo control estatal termina en manos de personas vinculadas al poder, mientras la población queda excluida de los beneficios, o sea, lo que ha estado ocurriendo hasta ahora.
El paquete fue avalado por el Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC el 17 de junio y ratificado por la Asamblea Nacional dos días después, organizado en 23 ejes que incluyen banca privada, casas de cambio, apertura a la inversión extranjera, reforma de subsidios y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones.
Esta última medida es el punto más crítico para la organización.
Según su Nota de Prensa, «la venta de participaciones en empresas estatales, sin licitaciones transparentes, tribunales independientes, auditorías públicas y control ciudadano, puede reproducir patrones conocidos de 'capitalismo de compinches': una transición en la que el patrimonio acumulado bajo control estatal pasa a manos privadas vinculadas al poder, mientras la población que durante décadas sostuvo los costos de la economía estatizada queda excluida de sus beneficios».
El concepto describe un sistema donde el éxito empresarial no depende de la eficiencia o la innovación, sino de los vínculos con el gobierno: permisos exclusivos, favores tributarios, subvenciones y bloqueo de competidores.
En el caso cubano, el riesgo tiene un referente concreto: GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas que concentra entre el 40% y el 70% de la economía de la isla, con millones de dólares en activos y empresas registradas en Panamá, Chipre y Liberia.
El economista Mauricio De Miranda Parrondo califica el proceso como el primer paso hacia un «capitalismo autoritario patrimonial» dirigido por el PCC, comparable a la transición rusa possoviética, donde las élites partidistas se convirtieron en oligarcas mediante privatizaciones opacas.
El actor Luis Alberto García también alertó públicamente sobre este peligro, exigiendo que ningún funcionario del PCC, diputado ni jefe militar pudiera convertirse en empresario o accionista sin una auditoría independiente de su patrimonio.
«Ya en los países del extinto bloque comunista de Europa del Este, tras su caída estrepitosa, vimos la mágica y rápida conversión de funcionarios partidistas y militares de alto rango en acaudalados empresarios con plata que no provenía de sus salarios anteriores», escribió en Facebook.
Food Monitor Program señala además que el régimen utiliza las sanciones de la administración Trump como explicación para eludir sus responsabilidades internas: baja productividad agropecuaria, ineficiencia estatal, opacidad empresarial y represión de actores sociales independientes.
La organización es categórica: «La existencia de una presión externa no exime al Estado cubano de sus obligaciones internas en materia de derechos económicos, sociales y culturales».
El trasfondo alimentario agrava la urgencia de la advertencia. Según datos propios de la organización, el 96,91% de la población cubana sufre inseguridad alimentaria, el 33,9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, y el 78% de los encuestados considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años 90.
Para evitar que las reformas profundicen la exclusión, Food Monitor Program exige garantías mínimas: publicación íntegra de las 176 medidas con cronogramas y responsables, auditoría pública e independiente de cualquier venta de activos estatales, protección explícita del derecho a la alimentación en la reforma de subsidios, y reconocimiento de la sociedad civil y la prensa independiente como actores legítimos de monitoreo.
La organización concluye con una advertencia directa: «De lo contrario, los cambios recientes terminarán administrando una transición desigual en beneficio de un capitalismo autoritario y patrimonialista».
Preguntas Frecuentes sobre el Riesgo de "Capitalismo de Compinches" en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el "capitalismo de compinches" y por qué es un riesgo para Cuba?
El "capitalismo de compinches" es un sistema donde el éxito empresarial depende de los vínculos con el gobierno, y no de la eficiencia o la innovación. En el contexto cubano, las nuevas medidas económicas podrían favorecer a personas vinculadas al poder, mientras la población general queda excluida de los beneficios.
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¿Cuáles son las medidas económicas más críticas aprobadas por el régimen cubano?
Entre las medidas más críticas se encuentra la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones sin licitaciones transparentes ni control ciudadano. Esto podría facilitar la transferencia de activos a manos privadas vinculadas al gobierno, según advierte el Food Monitor Program.
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¿Qué papel juega GAESA en la economía cubana actual?
GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas, concentra entre el 40% y el 70% de la economía de la isla. Su control sobre sectores clave y su estructura opaca representan un referente concreto del riesgo de un "capitalismo de compinches" en Cuba.
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¿Qué medidas propone el Food Monitor Program para evitar la exclusión económica en Cuba?
Para evitar una mayor exclusión, el Food Monitor Program exige la publicación íntegra de las 176 medidas con cronogramas y responsables, auditorías públicas e independientes de las ventas de activos estatales, y el reconocimiento de la sociedad civil y la prensa independiente como actores legítimos de monitoreo.
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¿Cómo afecta la inseguridad alimentaria a la población cubana actualmente?
Según datos del Food Monitor Program, el 96,91% de la población cubana sufre inseguridad alimentaria, y el 33,9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días. Esta situación agrava la urgencia de implementar reformas económicas inclusivas.
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