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La activista cubana Rosa María Payá respaldó este martes las nuevas sanciones estadounidenses contra el conglomerado militar GAESA con una contundente denuncia en sus redes sociales.
«GAESA es la caja fuerte de la dictadura. Con ese dinero los militares reprimen y se enriquecen mientras los cubanos sufren hambre y apagones», escribió en su cuenta de X la activista, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La declaración llegó horas después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara una segunda ronda de sanciones contra cinco entidades cubanas vinculadas a GAESA: Almacenes Universales S.A. (AUSA), RAFIN S.A., el Banco Financiero Internacional (BFI), GeoMinera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero).
Payá, fundadora de Cuba Decide y Pasos de Cambio, agradeció directamente a Rubio por las medidas: «La gente quiere libertad y está en las calles demandándola. Estas sanciones dan donde más afecta a los dictadores».
Rubio describió al conglomerado como «el principal vehículo para que las élites del régimen se apropien de los escasos recursos de la isla» y advirtió que sus fondos financian la represión y el espionaje en lugar de destinarse a escuelas, plantas eléctricas o necesidades básicas.
Las nuevas medidas, adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, también incluyeron por primera vez a un familiar del círculo Castro: Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada por el Departamento de Estado como familiar adulta de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia.
El BFI, una de las entidades sancionadas, gestiona según Washington la gran mayoría de las transacciones con entidades extranjeras que operan dentro y fuera de Cuba, lo que convierte su designación en un golpe directo a las finanzas externas del régimen.
Rubio también lanzó una advertencia a bancos y empresas extranjeras que mantienen vínculos con las entidades sancionadas: «Deben congelar inmediatamente esas actividades», bajo riesgo de sanciones secundarias.
La denuncia de Payá apunta a una contradicción que los datos hacen difícil ignorar: mientras los cubanos soportan apagones de hasta 72 horas y solo el 18,3% de la población recibe agua potable a diario, el régimen destinó en 2024 casi el 40% de sus inversiones al turismo, frente a apenas el 2,7% a salud y asistencia social.
GAESA —fundado por Raúl Castro en los años 90 como brazo económico de las Fuerzas Armadas— opera sin sitio web, sin auditorías públicas y sin figurar en el presupuesto nacional, pero controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, con activos estimados en cerca de 18,000 millones de dólares.
Las sanciones del martes se suman a más de 240 medidas impuestas por Washington contra Cuba desde enero de 2025, en una presión sostenida que ya ha acelerado la salida de cadenas hoteleras internacionales: Iberostar dejó de operar 12 de sus 18 hoteles en la isla desde el 1 de junio, y Meliá confirmó su retirada total.
El turismo cubano, principal fuente de divisas del régimen, se desplomó un 55,8% entre enero y abril de 2026 respecto al mismo período del año anterior, con apenas 328,608 visitantes internacionales.
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