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El régimen cubano ya no puede sostener por sí solo la alimentación en sus propios comedores sociales para adultos mayores y personas vulnerables.
La más reciente evidencia de ese colapso llegó el lunes, cuando negocios privados del área del Puente de 100 y Boyeros en La Habana entregaron una donación de arroz, huevo, pollo y utensilios de limpieza al Sistema de Atención a la Familia (SAF) de Alturas de La Habana, en el municipio de Boyeros.
El acto fue cubierto por el oficialista Tribuna de La Habana como un «gesto humanitario» enmarcado en el centenario de Fidel Castro y el Movimiento Popular Mi Barrio Por la Patria. Sin embargo, la noticia revela involuntariamente algo que el régimen preferiría no admitir: el Estado necesita que los privados financien sus propios programas de asistencia social.
El SAF fue creado en 1998 para garantizar alimentación y socialización a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos sin recursos ni apoyo familiar. Hoy atiende a más de 76,000 personas en aproximadamente 1,445 unidades en todo el país, pero la demanda supera con creces la capacidad estatal.
En marzo de este año, directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconocieron en el Noticiero Nacional de Televisión que «el presupuesto no es amplio y no permite llegar a todas las personas, por lo que se realiza un estudio para identificar solo las más vulnerables».
La situación en los comedores es crítica. El comedor SAF 0204 Villanueva, también en Boyeros, lleva cinco meses cocinando con leña por falta de gas licuado, usando llantas viejas como soporte para el fuego en el pasillo, mientras 129 ancianos dependen de esa comida como única fuente de nutrición diaria.
La demanda del sistema no para de crecer: pasó de 59,000 personas atendidas en 2023 a 67,000 a mediados de 2025, con entre siete y ocho nuevas solicitudes de incorporación cada día, según datos del propio gobierno.
Para tapar los huecos, el régimen ha recurrido a donaciones externas. En mayo pasado, el Programa Mundial de Alimentos entregó 106 toneladas de carne en conserva para 130 comedores del SAF en Villa Clara, beneficiando a más de 8,000 personas. En abril, Canarias donó 75 toneladas de pollo enlatado destinadas a esos mismos comedores.
El colapso energético agrava el cuadro. Desde enero de 2026, la escasez de gas licuado se extendió a todo el país, y en mayo el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba agotó todas sus reservas de combustible: «no tenemos absolutamente nada».
En ese contexto, el gobierno anunció en junio 176 medidas de ajuste que incluyen eliminar subsidios generalizados y formalizar la obligación de empresas privadas de cofinanciar pensiones, hogares de ancianos y comedores sociales, lo que convierte en política oficial lo que hasta ahora se presentaba como voluntario.
Mientras tanto, el 99% de los jubilados cubanos no cubre sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos, según una encuesta de noviembre de 2025. La pensión mínima, aumentada en septiembre de ese año a 4,000 pesos cubanos, equivale a menos de 10 dólares en el mercado informal, aproximadamente el precio de un cartón de 30 huevos.
La administración del SAF de Alturas de La Habana agradeció la donación de los privados y recordó que el programa «fue ideado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con el objetivo de crear establecimientos para la alimentación y la socialización de los adultos mayores en situación de desventaja».
Lo que no dijo es que, casi tres décadas después, ese programa ya no puede funcionar sin la ayuda de quienes el propio sistema ideológico del régimen consideró durante décadas sus adversarios.
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