Cuba privatiza los comedores para personas vulnerables y busca inversores

El régimen cubano autorizó que mipymes, trabajadores por cuenta propia, entidades estatales con comedores obreros e instituciones sin fines de lucro asuman la gestión de los comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF), el programa de alimentación subsidiada destinado a personas en situación de vulnerabilidad. La decisión, publicada este martes en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 85, constituye un nuevo reconocimiento de la incapacidad del Estado para sostener por sí solo uno de sus principales programas de asistencia social.

Las nuevas disposiciones —el Acuerdo 10418 del Consejo de Ministros y la Resolución 14/2026 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN)— entrarán en vigor siete días después de su publicación, alrededor del 11 de agosto, y derogan normas aprobadas apenas un año atrás, un cambio que evidencia la rapidez con la que el Gobierno intenta adaptar un sistema incapaz de responder a la profundización de la crisis económica y alimentaria.

La reforma amplía oficialmente las modalidades mediante las cuales puede prestarse el servicio gastronómico del SAF. Aunque los establecimientos estatales de Comercio seguirán siendo la vía principal, ahora podrán participar empresas con comedor obrero, formas de gestión no estatal e instituciones o asociaciones sin fines de lucro. En zonas rurales o de difícil acceso, el servicio incluso podrá ofrecerse desde hogares de alimentación comunitaria o por personas naturales en sus propias viviendas.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, presentó la medida como parte de las transformaciones económicas impulsadas por el Gobierno.

"Un servicio que se presta en una unidad gastronómica pueda ser gestionado por actores económicos, tanto estatales como no estatales, fuera del comercio. Por tanto, puede pasar que una empresa con determinados resultados, con determinados ingresos, decida gestionar esa unidad gastronómica, atender a los beneficiados del SAF y ofertar un servicio de calidad".

Según explicó en declaraciones difundidas por Canal Caribe, la apertura busca que empresas o actores privados administren estos establecimientos sin modificar el carácter subsidiado del programa.

"Aunque sea no estatal la gestión, los beneficiados por el sistema serán definidos localmente por los grupos de política social", aseguró la funcionaria.

Sin embargo, la normativa deja abiertas interrogantes fundamentales sobre la viabilidad económica del nuevo modelo.

Un análisis del medio independiente El Toque, menciona que aunque se establece que los precios serán fijados por el Ministerio de Finanzas y Precios y que las direcciones provinciales y municipales de Finanzas asumirán el financiamiento del subsidio, no precisa cuánto recibirán los nuevos gestores ni cuál será el mecanismo para compensar los costos de operación.

Las obligaciones para quienes administren estos establecimientos tampoco son menores. La Resolución 14/2026 exige garantizar dos ingestas diarias con los aportes nutricionales certificados por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, ofrecer servicio a domicilio a quienes no puedan desplazarse y cumplir requisitos sanitarios e infraestructurales que incluyen equipos de conservación de alimentos, disponibilidad de agua, capacidad de cocción, baños funcionales y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El programa está dirigido principalmente a adultos mayores que viven solos, personas con discapacidad sin apoyo familiar y familias en situación de vulnerabilidad que carecen de condiciones para cocinar en sus viviendas. De manera excepcional, también podrán beneficiarse embarazadas que requieran refuerzo alimentario por su situación económica.

La apertura ocurre mientras Cuba atraviesa la peor crisis alimentaria de las últimas décadas. El Food Monitor Program reportó en mayo de 2026 que el 96,91 % de la población carece de acceso adecuado a alimentos, el 33,9 % de los hogares tuvo algún integrante que se acostó con hambre durante el mes previo y, entre los mayores de 60 años —el principal grupo atendido por el SAF—, el 55,6 % declaró haber perdido completamente el acceso a los alimentos.

En ese contexto, el propio Estado ha tenido que recurrir reiteradamente a ayuda internacional para mantener operativos los comedores del programa. Apenas semanas atrás, el Programa Mundial de Alimentos entregó 106 toneladas de carne en conserva para abastecer 130 comedores del SAF en Villa Clara, ante la imposibilidad del Gobierno de garantizar el suministro con recursos propios.

La flexibilización del SAF forma parte del paquete de 176 medidas económicas anunciadas por el régimen en junio de 2026, con las que buscan ampliar la participación del sector privado en actividades tradicionalmente reservadas al Estado.

La misma Gaceta Oficial también puso en vigor las normas para los llamados Mercados de Barrio y los nuevos mercados de abasto, dos iniciativas que abren espacios al comercio mayorista y minorista con participación de actores no estatales e incluso modalidades de inversión extranjera. Entre los incentivos fiscales destacan una bonificación del 5 % del impuesto sobre ventas minoristas para quienes participen en el proyecto Mercado de Barrio y la exoneración total del impuesto sobre ventas para actores no estatales que comercialicen de forma mayorista productos importados destinados al sistema de comercio interior.

Durante la presentación de las medidas, Díaz Velázquez reiteró que el Gobierno mantendrá la política de "subsidiar a personas y no a productos", una fórmula repetida desde hace varios años y que ahora acompaña la decisión de delegar parte de la asistencia alimentaria en actores privados, en un contexto donde el deterioro económico ha reducido significativamente la capacidad del Estado para sostener sus propios programas sociales.