Socióloga Cecilia Bobes analiza legado del 11J: «La calle dejó de ser únicamente un espacio administrado por el Estado»

En el quinto aniversario del estallido social del 11 de julio de 2021, la socióloga Cecilia Bobes publicó en Rialta un análisis sobre el legado de las protestas que sacudieron Cuba hace cinco años, con una tesis que va más allá de la pregunta habitual sobre si puede repetirse un evento similar.

Bobes, doctora en Sociología por El Colegio de México y profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sostiene que el principal efecto del 11J no fue cuantitativo sino cualitativo. «El principal legado del 11J se relaciona con la transformación de las condiciones bajo las cuales la protesta resulta imaginable, practicable y socialmente legítima en la Cuba contemporánea», escribe la autora del volumen Protestas en Cuba. Más allá del 11 de julio.

La investigadora describe el 11J como el acontecimiento de movilización social más importante ocurrido en Cuba desde 1959: miles de personas salieron simultáneamente a las calles en decenas de localidades, impulsadas por los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, y la acumulación de agravios cotidianos. Lo que distinguió ese día fue su masividad, su extensión territorial y su carácter socialmente heterogéneo: no fue una acción de activistas organizados, sino un estallido espontáneo que involucró a ciudadanos comunes de todo el país.

Uno de los cambios más significativos que Bobes identifica tras el 11J es el desplazamiento del actor protagónico. «Después de julio de 2021, uno de los cambios más significativos en la protesta es que su principal actor dejó de ser el activista para dar paso al protagonismo del pueblo o el ciudadano común», señala. Desde entonces, quienes salen a las calles son mujeres, vecinos, familias, jóvenes, jubilados y trabajadores que antes difícilmente se habrían reconocido como participantes en una acción colectiva.

La socióloga documenta con datos propios una evolución irregular pero ascendente: 102 eventos de protesta en 2021, 177 en 2022, una caída abrupta a 40 en 2023 —atribuida a la represión, el agotamiento y la emigración masiva—, recuperación a 121 en 2024, descenso a 82 en 2025, y una explosión sin precedentes en 2026 con alrededor de 380 eventos registrados hasta la fecha del artículo, cifra que la propia autora advierte debe leerse como un subregistro.

Las protestas de 2026 incluyen episodios de alta intensidad. En marzo, manifestantes en Morón, Ciego de Ávila, llevaron la movilización hasta la sede del Partido Comunista en uno de los episodios más violentos registrados. En barrios habaneros como Regla, Guanabo, La Lisa y San Miguel del Padrón se han replicado cacerolazos, barricadas y fogatas. Bobes interpreta estos actos no como violencia organizada, sino como expresión de la erosión de las mediaciones institucionales y la percepción de que no existen canales eficaces para procesar demandas.

Otro elemento central del análisis es la creciente politización de las demandas. Las protestas que comienzan por electricidad, agua o alimentos terminan acompañadas de consignas como «Libertad», «Patria y Vida», «Abajo Díaz-Canel» o «No tenemos miedo». Bobes señala un dato que contradice directamente la narrativa del régimen: «No se ha producido una sola protesta donde los manifestantes reclamen el levantamiento del bloqueo o dirijan sus demandas contra el gobierno de Estados Unidos. Por el contrario, los reclamos se orientan de manera abrumadora hacia las autoridades nacionales».

Este contexto de protesta creciente coexiste con una represión sostenida. Según la organización Justicia 11J, 338 personas permanecen encarceladas directamente por su participación en las protestas de 2021 y fueron excluidas explícitamente del indulto de abril de 2026 que liberó a 2,010 reclusos. Prisoners Defenders cifra en 1,306 el total de presos políticos en Cuba a junio de 2026, un récord histórico.

Bobes también analiza los factores que frenan una nueva explosión de la magnitud del 11J: la represión ejemplarizante, la emigración masiva que vacía comunidades de población joven, y el recurso del régimen a la amenaza de intervención externa como argumento de cohesión. La investigadora describe la situación actual como una «gobernanza excluyente», una gestión de la crisis con escasa inclusión de actores sociales autónomos y limitadas capacidades de mediación institucional.

«Esta transformación no garantiza organización sostenida, ni apertura política, ni transición democrática. Pero sí indica que algo cambió en la experiencia social del desacuerdo. Ese cambio puede parecer intangible, pero probablemente constituya una de las transformaciones sociales más importantes ocurridas en Cuba después de 1959», concluye Bobes.