Carolina Barrero, presidenta de Ciudadanía y Libertad, viajó a Washington en la semana del quinto aniversario del 11 de julio para exigir que la sociedad civil cubana tenga voz en cualquier proceso de negociación sobre el futuro de la isla, en un momento en que el régimen y el gobierno estadounidense mantienen conversaciones reconocidas por ambas partes.
En un video publicado el lunes en su cuenta de X, Barrero fue directa: «La sociedad civil tiene que estar en cualquier mesa de negociación. Nada puede pasar sobre Cuba sin que los cubanos estemos decidiendo».
La activista describió el momento actual como un punto de quiebre sin precedentes: «Por primera vez en 67 años, el régimen no tiene cómo sostenerse. Algo ha comenzado a cambiar irreversiblemente».
Su advertencia central apunta al riesgo de que ese cambio se convierta en una simple redistribución del poder entre las élites: «La única manera de perder este momento es entregarlo a cambio de una sucesión pactada. Rostros nuevos, la misma estructura, la economía en sus manos y la impunidad a cambio. Y eso es precisamente lo que ofrece el régimen».
Antes de que exista acuerdo alguno, Barrero fijó condiciones no negociables: libertad incondicional para los presos políticos, participación de la sociedad civil en cualquier mesa de diálogo, elecciones libres, verdad, justicia y garantías de no repetición.
Junto a Freedom House, Ciudadanía y Libertad sostuvo reuniones con oficinas de congresistas y senadores de ambos partidos, funcionarios del Departamento de Estado, centros de pensamiento, organizaciones internacionales de derechos humanos y representantes de misiones diplomáticas acreditadas en Washington.
La organización solicitó además el impulso de una audiencia específica sobre Cuba en el Congreso de EE. UU. y promovió un mensaje bipartidista de compromiso con la democracia, los derechos humanos y la rendición de cuentas.
La exigencia de Barrero llega en un contexto de negociaciones que el propio régimen ha reconocido públicamente. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reiteró el 10 de julio que un equipo de trabajo negocia con el aval de Díaz-Canel y Raúl Castro, mientras que EE. UU. confirmó en abril que los contactos continúan «al más alto nivel» de su gobierno.
Sin embargo, esas conversaciones se desarrollan en secreto y excluyen tanto al gobierno formal como a la oposición. Según manifiestan cientos de voces del activismo, Washington negocia directamente con la familia Castro, no con representantes de la sociedad civil. Los temas centrales incluyen migración, energía, turismo, puertos y compensaciones por propiedades confiscadas.
Díaz-Canel ha condicionado el diálogo a que sea «entre iguales, sin presiones y con respeto a la soberanía cubana», descartando cualquier modificación al sistema político. La oposición cubana ha quedado fuera de esas negociaciones desde el inicio.
El paralelismo con Venezuela es inevitable en los círculos de Washington.
Marco Rubio anunció en enero un plan de tres fases para la transición venezolana —estabilización, recuperación y transición democrática con elecciones libres— que congresistas como María Elvira Salazar han señalado como plantilla aplicable a Cuba.
Barrero y Ciudadanía y Libertad buscan precisamente que cualquier esquema similar para la isla incluya a la sociedad civil desde el principio.
La agenda de incidencia internacional de la organización se ha intensificado a lo largo de 2026: en abril viajaron a Bruselas para pedir la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y en junio Barrero y José Daniel Ferrer llevaron denuncias sobre violaciones de derechos humanos ante la OEA.
El telón de fondo es sombrío: al cumplirse cinco años del 11J, Cuba registra 1,306 presos políticos, récord histórico, de los cuales 338 permanecen encarcelados directamente por su participación en las protestas de 2021. El indulto de abril, que liberó a 2,010 reclusos, excluyó explícitamente a los condenados por «delitos contra la autoridad», la categoría usada para criminalizar a los manifestantes.
«La libertad, la justicia y los derechos fundamentales no son objeto de negociación», escribió Barrero. «Son el punto de partida de una paz democrática y duradera para Cuba».
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