En medio de la aguda crisis que golpea a Cuba, Miguel Díaz-Canel descargó este miércoles sobre los gobiernos municipales la responsabilidad de ofrecer una "mejoría" a la población, al reclamar resultados visibles durante una visita a los municipios habaneros de Regla y Guanabacoa.
El mandatario prometió a los gobiernos locales una autonomía inédita: «Ustedes van a tener toda la autonomía para gestionar exportaciones, importaciones, inversiones de extranjeros en el municipio, inversiones de cubanos residentes del exterior».
«La responsabilidad social de todos los actores económicos de inmediato nos tienen que dar niveles de producción y niveles de servicio que mejoren la oferta a la población y que vayan mejorando la relación de poder adquisitivo, o sea, la relación de precios y salarios», señaló.
El discurso revela una estrategia clara: delegar en los municipios la tarea de generar una mejoría tangible mientras el gobierno central no resuelve los problemas estructurales.
En paralelo, Díaz-Canel exigió a las autoridades habaneras «poner personas capaces» al frente de los territorios, y Morales Ojeda admitió denuncias de corrupción en el sector.
El impopular gobernante estuvo acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, junto a las máximas autoridades provinciales. La gira por los 15 municipios capitalinos arrancó el 30 de junio y aún no concluye.
El trasfondo de estas giras quedó al descubierto el 17 de julio, cuando una diapositiva proyectada por error en Canal Caribe reveló que las visitas a los Consejos de Defensa responden a un plan de «acciones para evitar un estallido social», enmarcado en la Directiva No. 2 del Consejo de Defensa Nacional.
La presión social es real: el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026 y 107 en junio, con la crisis eléctrica como principal detonante.
Cuba acumuló cinco apagones nacionales totales en lo que va de año; el del 6 de julio dejó sin electricidad a unos 9,6 millones de personas.
Las 176 transformaciones económicas aprobadas en junio incluyen el aumento del salario mínimo de 2,100 a 3,210 pesos, la autorización de banca y casas de cambio privadas, y la eliminación de la libreta universal.
Sin embargo, ninguna de esas medidas ha aliviado aún la crisis energética ni el deterioro del poder adquisitivo de los cubanos.
Díaz-Canel aún tiene pendientes dos municipios habaneros por visitar antes de cerrar la ronda, en la que los territorios quedarán como principales responsables de demostrar que las reformas funcionan.
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