El régimen cubano anunció este martes una reducción significativa de las actividades prohibidas para el sector privado, presentando la medida como una reforma orientada al «bienestar de la población», según informó el medio estatal Cubadebate.
El nuevo Decreto 160, emitido por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2026 y publicado este martes en la Gaceta Oficial, deroga el Decreto 107 de 2024 y entra en vigor el 4 de agosto de 2026.
La medida fue presentada en conferencia de prensa por Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE).
El Decreto 107 que queda derogado contenía un listado de 125 actividades prohibidas para mipymes privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
Con la nueva normativa, 46 actividades quedan totalmente autorizadas sin restricciones, mientras que otras 35 se flexibilizan en sus condiciones de operación.
Entre los sectores que se abren al sector no estatal figuran los servicios farmacéuticos, las residencias de cuidados para adultos mayores, el comercio mayorista, la importación de vehículos eléctricos y la generación eléctrica con fuentes renovables.
La enseñanza formal y la titulación oficial, sin embargo, siguen reservadas al Estado.
El nuevo decreto introduce cuatro categorías de restricción: prohibición absoluta por riesgo no regulable, actividades reservadas al Estado, actividades vedadas solo para cuentapropistas pero permitidas a empresas y cooperativas, y actividades autorizadas o condicionadas mediante licencia o certificación previa. El Consejo de Ministros deberá revisar la norma al menos cada dos años.
López Acea presentó la reforma como resultado de un proceso de consulta con los propios actores privados.
«Escuchamos cuáles eran sus preocupaciones, algunas insatisfacciones, las recomendaciones y sugerencias», afirmó la funcionaria, quien también atribuyó parte de la necesidad de la reforma al «recrudecimiento del embargo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos».
La medida se enmarca en un paquete de reformas más amplio. En junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en sesión extraordinaria 176 medidas económicas en 23 ejes, entre ellas la eliminación del tope de 100 trabajadores para mipymes, la posibilidad de que una persona sea titular de varias empresas privadas, y la apertura a banca privada y casas de cambio.
El Decreto 160 se suma también al Decreto-Ley 114, vigente desde el 2 de abril de 2026, que permite asociaciones entre empresas estatales y actores no estatales mediante sociedades mixtas, aunque excluye expresamente los sectores de salud, educación y actividades vinculadas a las FAR y al MININT.
El gobierno insiste en que estas medidas no constituyen una privatización sino una «flexibilización», aunque la profundidad de los cambios contrasta con décadas de control estatal absoluto sobre la economía.
Cuba atraviesa una crisis severa marcada por escasez de alimentos, combustible y electricidad, inflación desbocada y un éxodo masivo de población, presiones que han empujado al régimen de Miguel Díaz-Canel a adoptar el paquete de reformas más ambicioso en décadas.
«Estamos entonces definiendo en este decreto una reducción notable de las actividades que no estaban autorizadas, por tanto se autorizan o condicionan un nivel importante de actividades que permite la participación de los actores económicos no estatales en la economía y poder entonces también aportar al bienestar de la población», concluyó López Acea.
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