La Asamblea Nacional del Poder Popular inauguró este miércoles su VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la incorporación de diez nuevos diputados y una extensa agenda legislativa que, aparentemente, no incluye respuestas concretas a la crisis que agobia a los cubanos.
Raúl Castro se conectó por videoconferencia, mientras Miguel Díaz-Canel asistió de forma presencial a la apertura del período, que reúne físicamente solo a los diputados de La Habana; el resto del país participa a distancia, según el medio estatal Cubadebate.
El primer acto del período fue validar la elección de diez parlamentarios -entre los que se encuentra el vocero oficialista Jorge Legañoa- para cubrir vacantes en igual número de municipios, conforme a lo establecido en la Ley Electoral cubana, que ordena que las asambleas municipales elijan al sustituto cuando un escaño queda vacante de forma definitiva.
La agenda oficial contempla la evaluación de las llamadas «transformaciones económicas y sociales» implementadas en 2026, la revisión de la ejecución del presupuesto del Estado en el primer semestre del año y la liquidación del presupuesto de 2025, cuyo déficit previsto asciende a 74,500 millones de pesos.
Entre los proyectos de ley que los diputados deberán aprobar figuran la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado —que reduciría los organismos centrales de 27 a 21—, la Ley de Vivienda, el Código de Trabajo y la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla presentará además un informe sobre la situación internacional con relación a Cuba, en un momento en que la presión de Washington sobre el régimen se mantiene en su punto más alto.
La sesión arrancó con un minuto de silencio en homenaje póstumo a Ramiro Valdés Menéndez, fallecido el 21 de junio de 2026 a los 94 años, uno de los últimos sobrevivientes de la generación fundadora de la Revolución.
El contexto en que sesiona este parlamento —ampliamente criticado como un órgano de ratificación sin debate real— no puede ser más sombrío. Según datos de Infobae, el PIB cubano acumula una caída superior al 15% desde 2020, con una contracción estimada de 5% en 2025 y proyecciones de hasta 7,2% para 2026.
Mientras los diputados debaten leyes, la población soporta apagones de hasta 30 horas diarias, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, e inflación persistente que pulveriza el poder adquisitivo de salarios que, desde el 1 de julio, tienen un mínimo de 3,210 pesos, aunque el cobro efectivo se trasladó a agosto.
En junio, el régimen anunció un paquete de 176 medidas de transformación económica que incluye apertura a banca privada y casas de cambio privadas, presentado como la mayor reforma en décadas, pero cuyo impacto real en la vida cotidiana de los cubanos está aún por verse.
La nueva Ley de Vivienda que se debatirá en esta sesión ha generado preocupación entre analistas, que advierten que refuerza el control estatal sobre el sector en lugar de ampliar los derechos de los ciudadanos.
Con 470 diputados en su X Legislatura —ahora diez más que al inicio del período—, la Asamblea Nacional se reúne apenas dos veces al año para aprobar en cuestión de horas una agenda que el Partido Comunista y el Consejo de Estado ya tienen decidida de antemano.
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